Lo ambiental es político, lo político es ambiental

Lo ambiental es político, lo político es ambiental

En periodo de campaña electoral reafirmamos que nuestra apuesta por la Justicia Ambiental es profundamente política. Entendemos la política como proceso y herramienta de transformación de la realidad. La política en su amplia concepción, en lo institucional y en la movilización popular, en los ministerios y el parlamento, en las luchas y propuestas de las organizaciones y movimientos sociales.

Para la Justicia Ambiental no es posible poner en el centro a la naturaleza y su cuidado, sin defender la importancia de las políticas públicas y la democracia, así como denunciar las violaciones de los derechos de los pueblos, señalar a los responsables de las crisis socio-ecológicas sistémicas, exigir justicia y el fin de la impunidad.

Significa entonces reconocer que no todos tenemos la misma responsabilidad por la grave crisis socio-ambiental que compromete la sustentabilidad de la vida. Los actores empresariales -especialmente las empresas transnacionales- y los países industrializados del norte global, son los principales responsables históricos de la actual crisis.

La Justicia Ambiental implica garantizar los derechos de las mujeres, de la clase trabajadora, productoras/es familiares y campesinas/os, Pueblos Indígenas, comunidad afrodescendiente y de la población más afectada por el actual modelo de producción. Es una visión de lo ambiental que defiende la vida, la dignidad, los derechos y el protagonismo de los pueblos organizados, y por tanto lucha contra los proyectos de muerte y todas las formas de opresión.

El neoliberalismo constituye hoy una fuerza destructora, antidemocrática y antipopular que debemos desmantelar en todas sus dimensiones. Al neoliberalismo se lo combate y resiste con políticas públicas, con participación social y reconocimiento de las formas de organización que se da el pueblo, con la defensa del trabajo digno, con más poder público que proteja los derechos humanos, con una justicia del lado de los más débiles. Como quedó demostrado en la pandemia, todo lo que el Estado no hace, recae en el pueblo, especialmente en las mujeres y las organizaciones populares.

La Justicia Ambiental implica construir proyectos emancipadores que tengan como punto de partida la justicia en todas sus dimensiones -social, ambiental, económica y de género- la soberanía de los pueblos y la participación popular. Es una visión de lo ambiental que se identifica con las luchas populares históricas en nuestro país y la región, como las luchas de pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentaron y enfrentan la opresión de colonizadores y fuerzas imperiales, con quienes el Estado uruguayo tiene una deuda histórica.

Desde REDES-AT denunciamos, analizamos y accionamos contra las políticas y los proyectos que atentan contra la vida y el planeta, y exacerban las injusticias y las violaciones de derechos, pero también proponemos y construimos junto a otras organizaciones y movimientos proyectos que plantean otra organización social frente al actual orden capitalista depredador, concentrador, y excluyente.

Necesitamos cambios profundos y estructurales que deben abarcar el sistema económico y de comercio e inversiones, el modelo de producción industrial y agroindustrial, el sistema energético, las formas de gestión y cuidado de los territorios urbanos y rurales, las relaciones internacionales y las relaciones sociales. Para nosotras/os la política y la justicia ambiental, son inseparables y exigen pensar y construir colectivamente otras formas de organización de la sociedad.

Por eso, para esta campaña electoral 2024, nos propusimos dejar sobre la mesa nuestras propuestas y lanzamos la campaña Lo ambiental es político, lo político es ambiental, una serie de consignas gráficas y frases cortas que sintetizan nuestra militancia cotidiana y nuestra convicción más profunda. Sin parches matizadores, ni medias tintas ambientales.

En este texto profundizamos las propuestas, porque sin Justicia Ambiental no habrá justicia social, económica y de género, y viceversa.

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1. Un modelo productivo al servicio de los pueblos.

Soberanía Alimentaria y Agroecología

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias justas de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos y saludables, producidos por la producción familiar y campesina, las huertas urbanas y la pesca artesanal. La Soberanía Alimentaria y la Agroecología son la clave para garantizar el derecho a la alimentación saludable y otros derechos fundamentales – como el derecho al agua- y al mismo tiempo cuidar y mantener territorios sanos, libres de los monocultivos y agrotóxicos del agronegocio.

En nuestro país como en el mundo, avanza la expansión territorial de un modelo productivo que erosiona y destruye la biodiversidad y los suelos, contamina el agua, genera hambre y conflictos, y contribuye al cambio climático. Un modelo basado en la extracción y exportación de materias primas, con la explotación y gestión de los territorios en función de los intereses de grandes grupos económicos y empresas transnacionales que controlan las cadenas de producción principales del país, y del incremento de sus tasas de ganancia.

La relación entre el uso del territorio y la realización de derechos quedó manifiesta durante la crisis del agua. Pero se expresa también en la desaparición creciente de la producción familiar de alimentos para el consumo interno y la concentración de la tierra, en la contaminación del agua y la afectación de la salud por agrotóxicos, y en la contaminación del maíz criollo por el maíz transgénico.

El modelo del agronegocio concentrador y excluyente orientado a los commodities no produce alimentos para la vida, contribuyendo así a incrementar los niveles de inseguridad alimentaria que en Uruguay afectan principalmente a las infancias. Quienes producen realmente los alimentos que necesitamos son la producción familiar y campesina y particularmente las mujeres.

La construcción de la Soberanía Alimentaria y la defensa del alimento como derecho humano, tiene entre sus prioridades; garantizar el derecho a la tierra, la protección de la naturaleza, la reorganización del comercio de alimentos, la eliminación del hambre y el control democrático del sistema alimentario. El Instituto Nacional de Colonización, es una herramienta que hay que potenciar para que más familias, colectivos, mujeres y jóvenes puedan acceder a la tierra.

Proponemos:

• Diseñar y ejecutar políticas públicas integrales que permitan la permanencia de la producción familiar en la tierra, el recambio generacional y el protagonismo y autonomía económica de las mujeres, reconociendo el papel central que juegan las mismas en la producción de alimentos y en la construcción de la Soberanía Alimentaria.
• Dotar del presupuesto necesario al Plan Nacional de Agroecología para el fomento y promoción de la agroecología con el protagonismo de la producción familiar y de las huertas urbanas, reafirmando el derecho a la tierra, las semillas y el agua, especialmente de las mujeres como productoras de alimentos y actoras políticas.
• Desarrollar mercados locales y fortalecimiento del sistema de compras públicas que prioricen la producción agroecológica familiar y los precios justos.

• Diseñar y promover transiciones agroecológicas en las cuencas hidrográficas, que permitan la recuperación de la calidad ambiental y el aumento de la producción de alimentos saludables.
• Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad en el medio rural y facilitar el acceso a los medios necesarios para la producción agroecológica.
• Evaluar las políticas de inserción internacional y de promoción de las inversiones en función de sus potenciales impactos negativos para la Soberanía Alimentaria, los derechos integrales de la población rural, especialmente las mujeres, la salud de los territorios, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad.
• Imponer límites al avance del agronegocio, los monocultivos y los transgénicos que amenazan a la producción de alimentos agroecológicos e implican flagrantes violaciones de derechos cuando contaminan las semillas criollas, fumigan a la población rural, sus territorios, contaminan las aguas y destruyen la biodiversidad.

Agua

La vida depende del agua, para sostener su disponibilidad debemos proteger los territorios que la producen: cuencas hídricas, áreas de recarga de acuíferos y humedales. La protección del agua y de la vida depende del buen funcionamiento de los territorios que la producen.

La Reforma Constitucional de 2004 marca un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios. Asimismo, dicha reforma permitió incorporar en el segundo inciso del artículo nº 47 de la Constitución de la República la importancia de la gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas, lo cual obliga a incorporar una visión que integre la relevancia del ciclo hidrológico y oriente la gestión del agua como bien natural esencial para la vida, así como garantizar la participación social efectiva.

El avance del agronegocio y sus severos impactos negativos en los territorios compromete el cabal cumplimiento de la reforma constitucional y el derecho humano al agua. Los efectos destructivos de la expansión de los monocultivos y los agrotóxicos asociados, se han vuelto muy visibles en los cursos de agua cuyo flujo y calidad se ven amenazados.

En la última crisis hídrica quedó en evidencia lo importante que es el agua para nuestra vida y que quienes tienen menos responsabilidad en su degradación y contaminación terminan siendo los más afectados. La población más golpeada por las crecientes desigualdades y la precarización de la vida, es la que no tiene condiciones para acceder al agua embotellada privatizada y por lo tanto no puede ejercer un derecho fundamental cuando el Estado no lo garantiza.

Proponemos:

• Priorizar en las políticas públicas la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y el derecho humano al agua ante cualquier proyecto que impacte negativamente en los ecosistemas fluviales, lacustres, marítimos y terrestres.
• Diseñar políticas públicas y medidas de ordenamiento territorial, priorizando sistemas productivos que cuiden y respeten los territorios que generan agua dulce para garantizar la buena calidad.
• Implementar restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con la producción de agua para consumo humano.
• Aprobar medidas que respeten el principio precautorio y que reviertan la intensificación agrícola e incremento de cultivos forestales, construir soluciones reales para la implementación efectiva de las zonas de amortiguación y la restauración de la vegetación natural de las riberas de los cursos de agua.
• Revisar y modificar la ley de riego por los graves impactos socio-ambientales que conlleva. El riego es necesario para la producción familiar de alimentos, pero la ley de riego persigue otros fines, fomentando el control del sector financiero y del agronegocio sobre los territorios.
• Detener la expansión del modelo forestal celulósico y limitar las plantaciones forestales a los suelos de prioridad forestal (sin que esta categoría sea ampliada) y desafectar los suelos ubicados en las nacientes de cuencas para asegurar y garantizar la producción agrícola y la producción de agua y de esta forma cumplir con el artículo nº 47 de la Constitución de la República.
• Poner fin al proyecto inconstitucional de potabilización privada del agua -Neptuno-Arazatí- y retomar el proyecto de la represa en el Arroyo Casupá y planificar el comienzo de su construcción en forma inmediata.
• Reformular el funcionamiento y la orientación de la participación en las comisiones de cuenca, ya que se identifican limitaciones en el alcance de las potestades de estos espacios. Los consejos son ámbitos de consulta, que si funcionan bien sirven para asesorar a las/os tomadoras/es de decisión, pero progresivamente se consolidó un funcionamiento donde las organizaciones sociales integrantes de los consejos opinan y deliberan y los equipos técnicos-políticos de los ministerios deciden y ejecutan acciones, ignorando completamente las perspectivas de las organizaciones sociales.

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2. Energía como derecho humano fundamental

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una de las medidas ineludibles para atender la crisis climática. Es fundamental profundizar un proceso real de abandono de los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) en el país y exigir en los foros internacionales el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y una distribución justa de la carga de reducción de emisiones y financiamiento para la acción climática. Debe haber un reconocimiento de la deuda ecológica y la responsabilidad histórica de los países del Norte global que construyeron sus economías en base a la desposesión y expoliación de los bienes comunes del Sur global.

Es en este contexto que tenemos que analizar y discutir en profundidad las potencialidades y limitaciones de todas las fuentes de energía y sus posibles impactos negativos, desde la perspectiva de la justicia climática y ambiental, la transición justa y la soberanía energética. Hoy, en especial, es necesario generar un debate socio-político sobre la hoja de ruta y los proyectos de hidrógeno “verde” o “blanco” que se están proponiendo para Uruguay. Asimismo, hay que enfrentar la profunda contradicción existente entre los proyectos de prospección de combustibles fósiles a manos de las empresas transnacionales y la transformación de la matriz energética que ha tenido lugar a partir del desarrollo de las energías renovables.

Por otra parte, la sustitución de las fuentes de energía es fundamental pero no es suficiente. Es imprescindible transformar los sistemas energéticos porque la energía está en la base del modelo productivo, de distribución y de consumo: está en el transporte, los alimentos, los servicios públicos y en los cuidados. Uruguay inició un proceso importante con la transformación de la matriz energética que le permitió que un porcentaje muy significativo de la energía eléctrica que produce sea generada a partir de fuentes renovables.

La principal contracara de esta transformación de la matriz energética es que el marco regulatorio de 1997 habilitó la generación de energía por privados. Este hecho es problemático por las imposiciones y restricciones que impone el neoliberalismo a una política energética justa y soberana.

Las preguntas sobre el acceso a la energía y el destino de la producción energética están íntimamente relacionadas con el modelo productivo y por esta razón resulta central conectar estas discusiones.

Proponemos:

• Una transición energética justa, feminista y popular hacia la soberanía energética de los pueblos en el marco de un cambio de sistema.
• La transformación de los sistemas energéticos debe considerar la protección, promoción y garantía de derechos y el reconocimiento de la energía como derecho humano fundamental.
• Garantizar la soberanía energética es garantizar la capacidad de controlar con autonomía nuestros bienes comunes que deben estar orientados a la satisfacción de necesidades humanas y el cuidado de la vida, no al lucro. Cualquier iniciativa para la producción energética debe estudiarse desde la perspectiva de la justicia y la realización de derechos, incorporando múltiples dimensiones.
• Propiedad y control público de la generación, transmisión y distribución de energía, reconociendo y defendiendo el papel clave de las empresas públicas en el desarrollo de infraestructura energética, la expansión de la producción, la distribución y el desarrollo de tecnología instalada para la generación y provisión de energía.
• Defender las empresas públicas mediante el cuestionamiento de los marcos neoliberales y la adopción y ejecución de políticas públicas y procesos de regulación que contribuyan a la reducción de emisiones, a la adaptación, la soberanía energética y la realización de derechos.

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3. Derecho a la participación, acceso a la información y a la justicia

En la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992 quedó plasmada la importancia de la participación y el acceso a la información en materia ambiental en el principio 10, incluido en la declaración resultante de dicho evento: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.

Dicho principio, promovido por las organizaciones y movimientos sociales que participaron en todo el proceso previo y durante la cumbre, fue recogido en el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por nuestro país mediante la Ley 19.773 del año 2019.

Se trata de un instrumento jurídico regional de protección ambiental y derechos humanos y ambientales que incluye el acceso a la información de manera oportuna y adecuada, el derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan la vida y el entorno, el acceso a la justicia cuando los derechos hayan sido vulnerados y una disposición vinculante sobre defensoras/es de derechos humanos en materia ambiental.

Este acuerdo contiene muchas disposiciones relevantes para la coyuntura actual en Uruguay, entre otras, que “cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales (entendidas como cualquier decisión que conlleve impactos ambientales), sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”, y que “cada parte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes servicios, o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional”.

La participación social en Uruguay enfrenta serios problemas, aun cuando existen leyes aprobadas que incluyen espacios participativos y el reconocimiento de la fortaleza de que las organizaciones y movimientos sociales participen en la formulación, ejecución y control de políticas y proyectos, existe una clara distancia entre la necesidad de avanzar en procesos participativos genuinos y efectivos, y los sectores e instituciones que aún consideran que hay temas sobre los cuales solo algunos integrantes de la sociedad deben opinar.

Esto queda de manifiesto en el hecho de que Uruguay aún no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales, representando un grave obstáculo en el reconocimiento del genocidio de estos pueblos por parte de Estado y en el acceso a sus plenos derechos.

En los últimos años hemos experimentado y sufrido el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, particularmente en lo que respecta al proyecto inconstitucional de privatización de la potabilización del agua Neptuno-Arazatí. Todo el proceso de promoción y toma de decisiones en torno al proyecto ignoró la participación social y por lo tanto incumplió con lo establecido en nuestra constitución y legislación nacional.

La audiencia pública en la que tuvo protagonismo la empresa privada a cargo del proyecto, fue una farsa y atentó contra todas las premisas que deben cumplirse en un proceso de consulta y participación efectiva. Asimismo, la negativa del Ministerio de Ambiente y OSE a escuchar la visión académica sobre las características ecológicas del sitio elegido para la toma de agua y cómo afectará la calidad del agua en caso de concretarse el proyecto, constituye una violación del derecho a la participación pública.

Proponemos:

• Garantizar que el conjunto de las instituciones estatales integre y garanticen la observación del derecho a la información y participación en la toma de decisiones en materia ambiental y del principio precautorio, conforme a la legislación ambiental, incluyendo el Acuerdo de Escazú.
• El derecho a la información y a la participación social en la toma de decisiones deberá abarcar a los acuerdos comerciales y de inversiones y los contratos entre el Estado y Empresas Transnacionales en sus etapas de negociación, renegociación y ratificación.
• Revisar la legislación ambiental y los procesos de consulta pública, para que garantice el derecho a la participación efectiva en decisiones ambientales, y el Estado asuma su responsabilidad frente a la población y rinda cuentas efectivamente sobre sus decisiones que puedan tener efectos en materia ambiental y los fundamentos que las avalan.
• El Estado debe priorizar la plena realización de los derechos humanos y la participación social, y ello debe quedar reflejado en las políticas de inserción internacional y en la legislación sobre delitos y crímenes ambientales, entre otros instrumentos.

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4. Integración regional y justicia económica

Necesitamos un modelo económico que garantice condiciones de vida digna para nuestro pueblo, mediante políticas y procesos productivos que integren, se nutran y cuiden a los sistemas y funciones ecológicas.

Avanzar hacia la justicia económica exige incorporar las propuestas de la economía feminista y ecológica, promoviendo nuevas relaciones sociales que reconozcan la centralidad del trabajo en general, el trabajo de cuidados en particular, y del cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.

La integración de los pueblos es una demanda de movimientos y organizaciones sociales en la región. Implica recuperar lo común que compartimos en el sentido de lo co-dependiente y de lo interconectado. La integración regional como estrategia política y anclada en la idea de integración de los pueblos, tiene que ver con la posibilidad de generar un desarrollo de la región más desacoplado de las necesidades de los países centrales y con mayores capacidades para enfocarse en la construcción de una autonomía estratégica propia.

Implica además recuperar la centralidad de la vida y priorizar las necesidades de los pueblos, es decir priorizar la justicia ambiental, la protección social, los cuidados, el trabajo digno, la realización de derechos humanos, la educación, el agua, la salud, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la paz, el combate a todas las formas de violencia y discriminación. Es una integración de y conectada con las luchas feministas, por la justicia ambiental, antirracistas, sindicales y por los derechos humanos.

Y para construir esta integración es necesario desmantelar el neoliberalismo y hacer retroceder las políticas de libre comercio, libre mercado y libre inversión para asegurar que las políticas públicas sean una realidad que garantice los derechos de los pueblos y para que las grandes empresas o transnacionales sean condenadas por las violaciones a los derechos humanos que se cometan en las cadenas de producción que controlan.

Proponemos:

• Desarrollar y fortalecer institucionalidad para la integración regional con presupuesto adecuado y con políticas públicas regionales para proteger las personas, los territorios, la biodiversidad y el agua.
• Instalar mecanismos de participación social real en la integración regional para que organizaciones sociales y ciudadanía puedan ser escuchados y hacer propuestas, porque sin participación no hay democracia.
• Fortalecer el MERCOSUR como una herramienta para avanzar en la transformación de la matriz de producción para superar la dependencia del agronegocio y promover una trayectoria de desarrollo con justicia social, económica, de género y ambiental.
• Desmantelar el secretismo que rodea a las negociaciones comerciales, como por ejemplo en el TLC entre la Unión Europea y el MERCOSUR en negociación. Todo lo que se negocia en estas iniciativas de libre comercio impactan en la vida de las personas y en el ambiente, queremos saber cómo impactará antes de decidir y tenemos derecho a participar en las decisiones sobre los contenidos de estas negociaciones y a que nuestras voces sean escuchadas.
• Construir normativa nacional sobre las obligaciones de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos que dialogue y se anticipe y contribuya al Tratado Internacional jurídicamente vinculante que se negocia en la ONU, tomado como valioso antecedente normativo nacional la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador.
• Participar activamente como país en las negociaciones en el Consejo de DDHH de la ONU para establecer un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre las obligaciones de las empresas transnacionales y sus cadenas de producción con respecto a los DDHH para terminar así con las violaciones de DDHH y la impunidad de estas empresas.

Para nuestra organización, no alcanza con anuncios que livianamente plantean la “protección del medio ambiente” como algo accesorio y funcional a un modelo económico dominado por el poder del mercado y del capital transnacional.

Entendemos y reafirmamos que sólo un proyecto que articule las justicias tendrá condiciones de enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Articular las justicias quiere decir que no podemos celebrar la creación de un ministerio para el ambiente y al mismo tiempo imponer leyes, decretos y proyectos que implican retrocesos y en algunos casos son presentados engañosamente como urgentes. Es incompatible la justicia ambiental con la priorización del lucro en detrimento de los derechos, la mercantilización y privatización de la naturaleza y los servicios públicos fundamentales para la vida, y la restricción de las libertades colectivas como el derecho a huelga y la participación social.

La justicia ambiental no puede separarse de la justicia social. Si nos prometen cuidar el agua y el ambiente, debemos preguntarnos también por el derecho a la información y la participación y el acceso a la justicia. Si nos prometen combatir el hambre, preguntemos por el reconocimiento de quienes sostuvieron la olla de las familias que más lo necesitaron y quienes realmente producen los alimentos en el medio rural y urbano. Si nos prometen combatir la pobreza, preguntemos cómo combatirán las violencias y opresiones que sufren las mujeres y cómo distribuirán la riqueza para alcanzar la igualdad.

Sin justicia de género no es posible la justicia ambiental. Sin justicia social no hay justicia ambiental. Lo ambiental es político, lo político es ambiental