Soja en Canelones: ¿todo cambia para permanecer igual?
La creciente conciencia a nivel social que existe en Uruguay acerca de los perjuicios –económicos, ambientales, sanitarios, de soberanía alimentaria– de lo que aparece como una imparable expansión del monocultivo sojero, ha motivado algunas decisiones oficiales que buscan, aunque tímidamente, reaccionar legalmente en la preservación de los recursos humanos y naturales. Sin embargo, la timidez puede encerrar una nueva versión del principio gattopardista de “cambiar algo para que todo siga como está”, de acuerdo con opiniones de expertos legales en esta materia.Con algo más de 8.000 explotaciones rurales de carácter básicamente familiar o de autoconsumo, el departamento uruguayo de Canelones es el principal pulmón en cuanto a producción alimentaria horti-frutícola del país. Sin embargo, su proximidad al puerto de Montevideo y los altos precios alcanzados por la oleaginosa, en especial antes de la bancarrota financiera estadounidense, así como la multitud de viejos predios productivos hoy en estado de abandono, estimularon la instalación de cultivos sojeros con su consiguiente paquete tecnológico pródigo en agrotóxicos.
Varias zonas del departamento, pues, presenciaron probablemente desde 2006 el avance sojero, principalmente a cargo de empresas de agronegocios o pooles de siembra, contratadas por fondos de inversión o bien por grandes consumidores de soja, como por ejemplo, avícolas o plantas de biodiesel de distinta escala; de esta manera, buena parte del territorio conocido como “canario” (dado que desde las Islas Canarias provienen sus principales flujos migratorios poblacionales) integra el medio millón de hectáreas que ocupa la soja en Uruguay.
Y las consecuencias no se hicieron esperar. En 2007 la empresa Agronegocios del Plata no dudó en aplicar por vía aérea el herbicida glifosato sobre una escuela pública rural de la zona de Santa Rosa, motivando la denuncia de la comunidad, lo cual frenó el tránsito de avionetas fumigadoras. Este año y no lejos de ahí, en el paraje conocido como Cuchilla de Rocha, la misma empresa ofreció 200 dólares por hectárea y por año a los pequeños propietarios del lugar, con lo cual logró reunir una superficie estimable para implantar más soja. La lección estaba aprendida y en este caso no se optó por las aplicaciones aéreas sino a través de “mosquitos” que, con ser más discretos, no resultan menos peligrosos.
Tras salir del primer asombro, la comunidad de Cuchilla de Rocha rápidamente reaccionó: se organizó, asesoró y llevó sus reclamos hasta las puertas mismas de las autoridades. El espejo argentino también sirvió como catalizador de esta movilización, que crece. Es que el daño producido por la década de cultivo intensivo sojero, por ejemplo en Entre Ríos -provincia argentina limítrofe y por ende muy comunicada con Uruguay- ofreció a las comunidades uruguayas una visión adelantada de lo que sería su futuro si no optaban por elevar su voz.
El municipio da un paso
Esta relación de hechos tiene un punto importante en el pasado 23 de octubre. En esa fecha el gobierno municipal del departamento de Canelones, que encabeza el médico Marcos Carámbula, adoptó una resolución fundada asimismo en la flamante Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308 del 30/06/2008) la cual brinda potestades para la categorización de los suelos y su uso con un concepto de desarrollo sostenible, en tanto asigna a los municipios el rol de “policía territorial”.
La resolución considera las características del departamento como productor de alimentos y “que estas producciones se hacen en la mayoría de los casos en predios pequeños y son llevadas a cabo directamente por la familia asentada en el medio rural, que constituye una expresión social con valores y cultura relacionados con nuestros orígenes, asegurando el futuro”, aunque “en los últimos años se ha observado el avance de emprendimientos agrícolas extensivos que realizan actividades vinculadas a oportunidades coyunturales de mercados, utilizando con frecuencia tecnologías agresivas para la población y el ambiente, y compitiendo por el suelo con las producciones instaladas”.
Y crea sobre esas bases una comisión especial “para el estudio del uso del suelo rural en el departamento”, integrada por autoridades tanto del ejecutivo como del legislativo y representantes de grupos de productores. Dicho colectivo, establece el decreto, fijará los “lineamientos para el uso del suelo rural y criterios sobre las tecnologías de producción a utilizar en las diferentes zonas del departamento, según sus recursos naturales, actividad productiva, residencia de su población y sustentabilidad ambiental”.
La decisión oficial fue celebrada como un éxito por integrantes de los movimientos que venían denunciando el avance sojero; sin embargo la letra de la resolución no le otorga carácter preceptivo, lo cual es visto como un aspecto débil de la medida, de acuerdo con el abogado especializado en aspectos ambientales Javier Palummo, integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.
En tanto, para el Director departamental de Canelones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Rodríguez, la comisión está llamada a cumplir un importante rol en la definición del futuro ambiental del departamento. Rodríguez reconoce que el motor para esta decisión fue la movilización de vecinos y productores de la zona.
Futuros agrónomos apoyan
La situación en Canelones motivó en simultáneo la preocupación de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (AEA). Esta organización gremial manifestó que las agencias gubernamentales no deben permanecer al margen de las consecuencias de la expansión sojera: “Entendemos que lo más grave de este modelo son tanto sus posibles impactos en la salud humana como ya se ha visto en varias zonas, como así también sus impactos a nivel socio-económico, como por ejemplo el aumento del precio de las tierras y su concentración, dificultando el acceso a la misma por parte de quienes menos tienen”.
Para la AEA se está frente a una “contraposición entre modelos productivos, por un lado la rica cultura de la granja y la agricultura familiar que arraiga a la familia a la tierra, da trabajo y socializa la riqueza generada, y por otro lado el agronegocio agrícola que desplaza la producción familiar, concentra la tierra y la riqueza, subordinando el interés general al interés del capital empresarial. Los vecinos de la zona están en todo su derecho de oponerse a una transformación de este tipo, la cual nunca ha sido discutida con ellos y que afectará bruscamente de aquí en más el diario vivir de toda la zona”.
Y se preguntan: “¿es que de un plumazo se puede borrar la rica historia y cultura local, por unas cuantas toneladas de soja que se producen por una sola empresa? ¿Debemos esperar a que se afecte la salud de los vecinos con aplicaciones aéreas de agrotóxicos como ya sucedió en Santa Rosa y en otras zonas del país? Es responsabilidad de las autoridades de gobierno tanto local como nacional tomar cartas en el asunto, las particularidades de la zona deben ser tenidas en cuenta, Canelones no es lo mismo que el litoral agrícola”.
Un margen de duda
Palummo, por su parte, estima que la letra de la resolución abre un margen de duda acerca de sus verdaderos alcances en la realidad y apunta que el decreto acerca de uso racional de suelos aprobado por el gobierno central uruguayo en agosto último resulta por sí mismo más preciso y ambicioso que la resolución municipal. Por ejemplo, en dicho decreto se plantean importantes sanciones económicas a los responsables de favorecer procesos erosivos de los campos y se especifica como faltas la aplicación de herbicidas “en desagües naturales del terreno” o “fuera del área del cultivo, como caminos y franjas contra los alambrados” (artículo 1º, inciso A). Y en el mismo sentido establece la responsabilidad solidaria del propietario del predio respecto a incumplimientos de estas normativas por parte de arrendatarios.
En ese sentido Palummo declaró al semanario Brecha (edición del 7/11/2008), que se le podría solicitar a la justicia la adopción de medidas cautelares, pero eso requeriría “una prueba importante y una muy buena justificación ya que esa medida afectaría derechos de terceros”. Otra posibilidad, explicó, es que «un representante del Ministerio Público (fiscal) presente la acción en representación de los intereses difusos». Según Palummo, la vía más segura y rápida para prohibir la producción de soja en Cuchilla de Rocha sería que la Junta Departamental aprobara un decreto que tendría fuerza de ley en su jurisdicción.
Sin embargo, y de ahí el signo de interrogación que aún subsiste para vecinos, organizaciones y productores, esa posibilidad no contaría con la suficiente voluntad de parte de los actores políticos departamentales.
Nota publicada en Radio Mundo Real. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/rmr/rmr/?q=es/node/26624
