Salió a la calle el segundo número del suplemento El Ambiental, producido por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y publicado con el semanario El Popular. A continuación presentamos la introducción a la actual edición y el suplemento completo en formato pdf:
El proyecto de país productivo con justicia social y ambiental está en la esquina opuesta al país de la desregulación y la timba financiera, que viene de la mano con el proyecto de restauración neoliberal impulsado por blancos y colorados.
A su manera, el contexto de Uruguay forma parte de la coyuntura regional latinoamericana con fuerzas conservadoras y una derecha a la ofensiva intentando recuperar el terreno que ha perdido en los últimos años. Es una embestida restauradora que presenta variedad de matices: incluye desde las derechas golpistas hondureña y guatemalteca, separatista en Bolivia, hasta aquellas que apuestan a la institucionalidad electoral como en Chile y Uruguay. Y también debe incluirse a los gobiernos nítidamente de derecha que están apostando a crear situaciones de desestabilización regional, como el colombiano y el peruano.
Ante este abanico de posibilidades que componen la estrategia de la derecha continental, la opción de profundizar los cambios iniciando procesos de transformación reales -impulsada sobre todo por movimientos sociales y sectores populares- debe dejar de ser marginal para pasar a ser la arteria principal que impida los retrocesos en materia social, laboral y productiva.
Profundizar los cambios quiere decir -entre otras cosas- escuchar más a los movimientos sociales, y no contentarse con “abrir canales de participación”, sino asegurar que esa participación resulte en práctica política concreta.
En este sentido, es necesario decir con claridad que en materia ambiental la gestión del actual gobierno no ha tenido un buen desempeño, pues los recursos estratégicos están gravemente amenazados por tendencias de extranjerización y concentración, además del amplio margen de acción y facilidades de las que gozan empresas transnacionales en sus proyectos de inversión.
Ante esto, no es bueno “comerse la pastilla” con relación a que los mecanismos de control existentes en la legislación uruguaya son los adecuados para enfrentarse a estas tendencias problemáticas: la DINAMA fue creada precisamente por el gobierno de Lacalle en 1990. Por algo será que desde el programa popular emanado del II Congreso del Pueblo se integró la propuesta de “modificar el funcionamiento de la DINAMA, revisando los mecanismos de evaluación de impacto ambiental y sustituyendo el carácter informativo de las Audiencias Públicas por instancias que cuenten con una imprescindible participación activa del pueblo organizado”.
Si desea ver el suplemento completo, por favor descárguelo aquí en formato pdf.
