REDES – Amigos de la Tierra Uruguay presenta este martes un dossier informativo sobre la demanda que la empresa tabacalera Philip Morris Internacional presentara el 19 de febrero contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano del Banco Mundial.
La compañía, con sede en Estados Unidos pero con su centro de operaciones en Suiza, se basa en el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y ese país europeo en 1988 y vigente desde 1991.
Philip Morris argumenta que hay tres normativas del gobierno que afectan su negocio: la Resolución 514 de marzo de 2009, que dispuso una única presentación por marca de cigarrillos de venta al público, y el decreto 287 y la Ordenanza 466, que impusieron nuevas imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar y que las mismas ocupen el 80 por ciento de la caja de cigarros.
La tabacalera considera que se están violando las disposiciones del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Uruguay y Suiza vinculadas a los Derechos de Propiedad Intelectual. Explica que al exigir etiquetas contra el tabaco de un tamaño que no permiten mostrar las marcas, Uruguay está indirectamente expropiando -sin compensación- una inversión de origen suizo, protegida por el Acuerdo. Señala además que la disposición de una sola presentación por marca es un “trato injusto” que la obligó a dejar de comercializar varios de sus productos.
El CIADI deberá decidir ahora si acepta la demanda contra Uruguay para dar lugar al caso. Como expresa el dossier, los 28 Acuerdos de Protección de Inversiones que tiene vigentes Uruguay, y la participación del país en el CIADI, hacen que las empresas transnacionales tengan a su alcance un conjunto de posibilidades muy claras para intentar adecuar las políticas públicas a sus intereses particulares.
Estos acuerdos le permiten además a las empresas intentar torcer disposiciones gubernamentales ya adoptadas, mediante la amenaza de la demanda o la demanda propiamente dicha. Esto es lo que viene ocurriendo con varios países en desarrollo y es de esperar que siga pasando de no cambiar las condiciones impuestas en los convenios.
Tanto Bolivia como Ecuador decidieron denunciar al CIADI y salirse de su campo de influencia, en 2007 y 2009 respectivamente. Bolivia además anunció que renegociaría todos los Acuerdos de Inversiones para limitar la solución de controversias al sistema jurídico nacional, y no a otro que sólo favorezca a las corporaciones transnacionales.
El dossier que presenta REDES – AT Uruguay incluye notas puramente informativas, publicadas por medios nacionales y extranjeros, y otros artículos más analíticos y especializados (traducidos especialmente del inglés) que ahondan más en el caso. Estos últimos facilitan una mayor comprensión del tipo de demanda internacional que la tabacalera estadounidense busca y sus argumentos.
