Protestas desde cámaras empresariales de Argentina y Costa Rica se tramitan vía cancillería, mientras que los gigantes mundiales Nestlé y Pepsico miden fuerza con el gobierno departamental.
Hasta ahora la T negra dentro de un triángulo con fondo amarillo no se deja ver en las góndolas. Ese es el símbolo que deberán llevar los productos con más de 1% de presencia trans, que con más o menos resistencia las empresas intentan demorar en colocar. Muchas están convencidas de que una vez puesto el sello las ventas caerán, al punto que algunas han hecho saber a la División Salud de la IM que necesitan tiempo porque decidieron sustituir los componentes trans por otros que no lo sean, con lo que esperan quedar fuera del alcance de la norma. “Este es un efecto no deseado, pero bien recibido”, dijo a Caras y Caretas Pablo Anzalone, director de Salud.
En octubre de 2013, con la firma de la intendenta, Ana Olivera, llegó a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto basado en “la necesidad de establecer un mecanismo consistente y aplicable para el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados –o con ingredientes producidos mediante ingeniería genética–, incluyendo variedades vegetales y animales, ofreciendo así a los consumidores el conocimiento de cómo se producen sus alimentos en concordancia” con la ley de Defensa del Consumidor.
La normativa, finalmente aprobada por el Legislativo y reglamentada en setiembre de 2014, establece la obligatoriedad del etiquetado tanto para productos nacionales como importados, y en su artículo 1° indica que “la etiqueta de un alimento que contiene ingredientes modificados genéticamente debe llevar, junto a la denominación del producto y sin perjuicio de los requisitos de rotulación para alimentos envasados, el símbolo que figura a continuación (va el logo), respetando diseño y con fondo amarillo. El área ocupada por el símbolo no podrá ser inferior a 0,5 cm2, excepto para las superficies rotulables inferiores a 10 cm2”.
El hecho de que todavía la norma no se haya materializado era de esperar. En parte porque desde fines del año pasado se suceden consultas, reuniones y gestiones solicitadas por las empresas. Algunas quieren dar largas al asunto; entre ellas, dos de las principales productoras y comerciantes de alimentos trans. Anzalone confirmó que Pepsico y Nestlé enviaron notas cuestionando la legitimidad de la IM para obligarlas mediante un decreto de rango departamental, considerando que en 2008 el Poder Ejecutivo encomendó mediante el decreto 353/008 al flamante Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio) promover “acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario “GM” o “no GM”, aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificados”.
A pesar del anuncio sobre posibles acciones legales, Nestlé ha dado señales tras las respuesta que recibió de la IM, y comunicó que por el momento identifica tres productos que podrían tener OGM y que los va a analizar para tener certeza. Anzalone explicó que ellos harán lo mismo seleccionando muestras en comercios, y que en este caso la intención es que la multinacional los empiece a vender con etiqueta desde marzo.
La posibilidad de que esta práctica fuera obligatoria, como resolvió la IM, había sido descartada desde el vamos por el Gnbio, por considerar que podría generar conflictos de carácter diplomático y perjudicar las relaciones comerciales del país.
Este argumento fue explicitado en 2009 por el ingeniero Enzo Benech cuando se desempeñaba como presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) y en su calidad de miembro del grupo interministerial que elaboró el decreto. En aquel entonces explicó que se había elegido la opción voluntaria “teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo y los costos y beneficios que implica adherir a una u otra postura. Para tomar esta decisión, no solo se consideró lo que es correcto y lo que no, sino la capacidad como país de hacer cumplir la normativa, y eso implica el seguimiento de las decisiones, denuncias en el caso de que no se cumplan y sanciones cuando se prueba que no se cumple”.
Y completó el concepto: “Para tomar esta decisión también se tuvo en cuenta la cantidad de productos intermediarios de la industria que el país importa de países que no tienen normativa de etiquetado o trazabilidad de su producción. De poner una exigencia fuerte en este sentido, el país pondría una fuerte restricción al comercio y al desarrollo de algunos sectores, industriales y agroindustriales, importantes”.
Tres años después de aquellas definiciones, Benech asumió como subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), cargo que mantendrá durante el próximo gobierno. Y los temores que sobrevolaban el Gnbio empiezan a ser una realidad por la iniciativa de la Intendencia de Montevideo, que si bien no tiene alcance nacional, involucra a la mitad de la población del país.
Cuándo no
La primera consulta con aliento de protesta llegó desde Argentina vía cancillería. La hizo una de las cámaras de productos alimenticios que comercian con importadores de la capital uruguaya. Pidieron que les hicieran llegar los decretos departamentales que regularon el etiquetado, y los fundamentos que los sostienen. Fuentes del Gnbio y de la IM confirmaron esta situación, como así también las dudas que despierta en los empresarios la validez jurídica de una norma de menor rango que modifique las reglas de juego establecidas por un decreto de alcance nacional, que dejaba en libertad al empresario para informar o no al consumidor cómo se compone lo que quiere comprar. Por otro lado, el etiquetado es percibido como una suerte de barrera no arancelaria y, por tanto, pasible de ser denunciada ante los organismos de integración regional que dirimen estas cuestiones.
La IM ya respondió mediante un informe las inquietudes venidas del otro lado del río y las envió a cancillería. El eventual inicio de demandas ante la Organización Mundial del Comercio forma parte de los escenarios posibles que maneja la comuna y, en caso de efectivizarse, se afrontará con la certeza de que el gobierno de Montevideo dispone de las facultades suficientes y el respaldo jurídico como para defender su política en favor de respetar y hacer cumplir los derechos de los consumidores.
Entre las aclaraciones que viajan rumbo a Argentina figura justamente el espíritu de la reglamentación, ya que a diferencia de lo que creían los empresarios, no se exigirá que se incluyan leyendas del tipo “alimento peligroso”, algo que afectaría la imagen de las marcas. Se les dijo que solo la etiqueta es la misma que impuso Brasil (un triángulo con la letra T adentro y sobre fondo amarillo), de manera de sumar a una política regional en la materia.
Más recientemente, el 26 de enero, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) solicitó al servicio de Comercio Exterior (Comex) que Costa Rica eleve su preocupación comercial ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC “por ser un reglamento que carece de sustento científico y que dificulta la transacción de mercancías entre los países. Aunque Costa Rica no exporta cantidades importantes de alimentos preenvasados a Uruguay, el problema se concentra en que este tipo de normativas posteriormente es utilizado como referencia para que otros países latinoamericanos establezcan directrices similares y Cacia, como en ocasiones anteriores, no guarda silencio y deja clara su posición”, indicó Mónica Elizondo, directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de la Industria Alimentaria, según la información disponible en la web de Cacia.
La funcionaria agrega que “hasta la fecha, según la FAO/OMS, no existe evidencia científica de que hayan existido daños a la salud de la población por el consumo de alimentos transgénicos, por lo que no se justifica el establecimiento de requisitos de etiquetado. Este esfuerzo es complementario a otros que, por este mismo tema, Cacia ha emprendido ante regulaciones similares que se han presentado en Ecuador, motivo por el cual su avance a otros países puede marcar la tendencia hacia una temática que requiere una mayor comprensión y análisis científico”.
En efecto, ya son sesenta los países, incluyendo a todos los de la Unión Europea y a Brasil y Ecuador en la región, que obligan a informar del contenido trans en alimentos vegetales o animales. Pero Montevideo no es un país, y conforme avancen los reclamos comerciales y diplomáticos, el tema puede ser abordado por Gnbio, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Tampoco hubo señales desde el gabinete para que la IM reviera su decisión mientras se estaba procesando, e incluso Anzalone muestra un informe del Ministerio de Salud Pública que, a mediados de 2013, indica a pedido de la comuna que el gobierno departamental tiene la competencia necesaria para legislar en su jurisdicción. En ese documento el MSP dejaba escrito que en el Gnbio no se estaba debatiendo una disposición de esas características para todo el país.
Asuntos internos
En relación con el frente interno y la demora empresarial en cumplir con el etiquetado, la IM definió tres líneas de acción acordes a las distintas reacciones de las empresas. Hasta el momento, solo un grupo reducido ha planteado planes de instrumentación del etiquetado concretos y considerados “razonables” para los productos que ya saben que poseen OGM por encima del 1% permitido. Este tipo de propuestas viene siendo analizado y, llegado el caso, se pedirán determinados ajustes antes de aceptar la fecha propuesta. Dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, aquellos que tengan productos en las góndolas –sobre los cuales no se exigirá etiquetado– o acopiados en depósitos. Para estas situaciones dependerá del volumen que haya en stock; si la mercadería es poca, se habilitará su venta tal como está, pero si se trata de grandes cantidades que supongan una permanencia prolongada en el mercado, entonces se exigirá que se ajuste a la normativa.
Otro grupo de empresas ha solicitado prórrogas alegando desconocer si sus productos contienen OGM y, en caso positivo, en qué proporciones. Piden tiempo para poder realizar los análisis y afrontar los costos que implican. Con el propósito de facilitar y acelerar el proceso, la División Salud comunicó que se encargará de los chequeos y dará cuenta de los resultados, tomando muestras existentes en plaza. Esta tarea es posible ya que, como lo indicó Anzalone, junto con la Facultad de Ciencias, la IM está entre los primeros organismos con capacidad analítica. Se emplea una técnica de rastreo de ADN denominada screming, que detecta la presencia de OGM por debajo de 1% y puede identificar si proviene de los eventos (semillas) autorizados por el Gnbio o si se trata de otros que no hayan sido aprobados y, por tanto, no deberían estar siendo utilizados.
Finalmente, a las empresas que todavía no han presentado planes ni dado indicios de que acatarán el decreto, en los próximos días se las intimará a que lo hagan a la brevedad posible, so pena de etiquetarlos como incumplidores.
Publicado en http://www.carasycaretas.com.uy/dificil-de-digerir-2/
