Según el escritor Eduardo Galeano éste es el dilema que vive el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Galeano participó el pasado viernes 27 de mayo en una movilización organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y el Grupo Guayubira contra la instalación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay y contra el Decreto presidencial que habilitó la permanencia de multinacionales del agua en el departamento de Maldonado, contradiciendo lo establecido en la Reforma Constitucional aprobada en plebiscito el pasado 31 de octubre.
El Decreto firmado por el Presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo, estableció que las multinacionales que prestan servicios de saneamiento y agua puedan continuar operando, en contraposición clara a lo que dispone la Constitución.La movilización realizada el pasado viernes en el centro de Montevideo aglutinó a unas dos mil personas y supuso la reanudación de las actividades en defensa del agua como un derecho humano fundamental para la vida, no mercantilizable y cuyos servicios solamente pueden ser prestados por el Estado. Estos criterios fueron consagrados el pasado 31 de octubre cuando el 64 % del electorado uruguayo apoyó la Reforma Constitucional impulsada por varias organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas.
Aún cuando el texto de la Constitución es claro en lo que refiere al cese de las concesiones a empresas privadas que operan los servicios de agua y saneamiento en el Departamento de Maldonado, el gobierno uruguayo contrarió esta disposición mediante el referido Decreto.
La movilización también fue convocada contra otra decisión del gobierno referida a la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay en la ciudad de Fray Bentos (oeste del país).
La oratoria principal del acto estuvo a cargo del escritor Eduardo Galeano, quien reivindicó “el derecho a la divergencia dentro de la confluencia, ya que esa es nuestra mejor manera de ayudar al Gobierno a gobernar”.
Otra parte importante del acto estuvo a cargo de Delia Villalba, legisladora departamental por el Frente Amplio del departamento de Río Negro, donde se pretende instalar las plantas de celulosa por parte de las empresas madereras ENCE (española) y Botnia (finlandesa). Villalba manifestó su rechazo a este proyecto argumentando que los efectos sobre el medio ambiente, la salud y las actividades productivas como el turismo, la pesca y la agricultura “serán desastrosas”.
El rechazo a la instalación y funcionamiento de las plantas de celulosa en Uruguay integra el largo listado de desastres que ese tipo de fábricas han causado en países vecinos como Chile y Argentina.
Fuente: Radio Mundo Real
