Hace nueve años, recién iniciado el primer gobierno frenteamplista, discutíamos apertura externa y desarrollo a través de la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. No contemplado en el Programa del Frente Amplio, el TLC con la máxima potencia económica mundial – una asimetría sideral – sin la compañía ni el resguardo del Mercosur, finalmente fue rechazado y sustituido por un híbrido, el TIFA. Sin embargo, desde 2006 a la fecha, el comercio con EEUU sin necesidad de TLC, se duplicó.
Una situación similar se plantea ahora, al inicio del tercer gobierno del FA y segundo encabezado por Tabaré. La apertura económica ahora se discute al calor del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (ACS, TISA por su sigla en inglés), un acuerdo paralelo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) pergeñado por el Grupo de los 7 y sus aliados para alejarse del ámbito multilateral donde los países del tercer mundo encontraban uno de sus puntos de acuerdo más fuerte: la negociación sobre el proteccionismo y los subsidios agrícolas en la Unión Europea (UE) y en EEUU.
El TISA ya no sería un tratado bilateral, aunque nuevamente recorremos el camino sin los socios más importantes del continente, y sin el Mercosur como bloque (solo Paraguay participa). Sin nuestros socios, tendríamos que enfrentar, por ejemplo, a los representantes de la UE, que tienen tras de sí 28 países. Ni siquiera se estaría teniendo en cuenta que en 1997 se firmó el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios, aprobado por el parlamento en la ley No. 17.855 de diciembre de 2004. Dicho Protocolo, “tiene por objeto promover el libre comercio de servicios en el Mercosur” (art.1) y “se aplica a las medidas adoptadas por los Estados Partes que afecten el comercio de servicios en el Mercosur” (art.2). En su artículo VII refiere a las listas de compromisos específicos (servicios a liberalizar), que se establecen en forma “positiva” para cada uno de los estados parte.
ATAQUE A LA SOBERANÍA
El TISA, por su fundamento específico, se basa en la desregulación de las actividades productoras de servicios, buscando liberar los obstáculos a la actuación de las empresas de los estados parte del acuerdo. No nos estamos refiriendo a aranceles que puedan obstaculizar un flujo de bienes que compita con la producción nacional de las empresas privadas, sino que nos referimos a la política de regulación del Estado que tiene que ver con áreas tan sensibles como la educación, la salud, las telecomunicaciones, la energía, el agua etc. En definitiva la provisión de bienes públicos a los cuales el Estado está comprometido constitucionalmente, y de servicios hoy estratégicos para todo proyecto de desarrollo nacional y popular. Estamos en presencia entonces de un tratado que puede afectar grados de libertad muy importantes de la política económica, y vulnerar la soberanía de los Estados comprometidos constitucionalmente a brindar a sus pueblos, los servicios indispensables para su diario vivir.
Como todo acuerdo de libre comercio, el TISA incorpora dos cláusulas fundamentales: el Trato Nacional y la Nación más Favorecida (NMF). El Trato Nacional significa que la normativa que contempla a las empresas nacionales, públicas y privadas, no puede discriminar a las empresas de cualquier Estado firmante del acuerdo. Las empresas extranjeras acceden a los mismos derechos y deberes que las nacionales. De esta forma se cuestionan las leyes que buscan incentivar la producción nacional. En fin se cuestiona todo aquello que hicieron en su momento los países desarrollados; es como si hoy nos “patearan la escalera”.
El TISA comprende todos los servicios, “excepto los… suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental… (que) significa todo servicio que no es suministrado ni en condiciones comerciales ni en competencia con uno o más proveedores”. Esto quiere decir que las empresas públicas “entran” en el TISA, especialmente en aquellos sectores que ya han sido declarados prioritarios por los integrantes del acuerdo: servicios financieros (BROU) y telecomunicaciones (ANTEL).
Los servicios en Uruguay, se han desarrollado apoyados por un variado marco regulatorio que los benefició, en particular los más promocionados a integrar el acuerdo: servicios globales de exportación, software, audiovisuales, servicios profesionales. Es así que a la par de la ley de promoción de inversiones y de la ley de zonas francas (donde actúan la mayoría de estas empresas), se les devuelve IVA pagado en la compra de insumos, se les exonera del IRAE y participan de un TLC con México, así como del Protocolo Mercosur – Chile (2012). Sin duda el TISA se superpondría a todo esto y lo extendería a toda empresa extranjera de un Estado parte esta normativa.
SÍNTESIS
En síntesis: no es recomendable un acuerdo de desregulación de nuestra normativa sobre el sector servicios en un marco tan desigual como el TISA, donde para proteger algunos sectores exportadores de servicios, que fundamentalmente lo hacen desde zonas francas, pongamos en riesgo políticas públicas que apoyan actividades estratégicas para la sostenibilidad del proyecto de desarrollo frenteamplista.
Hemos cuestionado aspectos centrales del neoliberalismo practicando una política económica heterodoxa, que nos ha permitido redistribuir los beneficios del crecimiento económico. La inserción internacional en el marco de la globalización trasnacional (o de las empresas transnacionales) es uno de los aspectos más difíciles de integrar a esta política, pero no imposible si continuamos reafirmando en la práctica lo postulado en el último congreso del Frente Amplio.
Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam
