El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay manifiestan su preocupación porque el gobierno nacional no ha brindado información sobre los compromisos asumidos por el Estado uruguayo para la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM. En ese sentido, las dos organizaciones realizaron varios pedidos de información pública sobre el proyecto.
La renuncia el miércoles del director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller, por su desacuerdo con las concesiones que el gobierno estaría dispuesto a darle a UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en el país, ratifica nuestra manifestación de alerta.
El CDH y REDES – AT desean conocer los compromisos asumidos por Uruguay ante UPM, especialmente aquellos que implicarían grandes inversiones y endeudamiento para hacer viable el emprendimiento.
El 24 de julio las dos organizaciones realizaron varias solicitudes de información (amparadas en la Ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública) a Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y a su par de Transporte y Obras Públicas. Todos los pedidos fueron denegados “en atención a encontrarse (esa información) clasificada como confidencial y reservada”.
El CDH y REDES – AT pretenden conocer, por ejemplo, las exoneraciones tributarias que se otorgarían a UPM, los pliegos del contrato de obra pública, el convenio de inversión entre el Estado Uruguayo y la compañía, la inversión a realizar por nuestro país y las formas de financiación, el área donde se instalará la fábrica y las dimensiones de esa industria.
También se pidió información sobre las obras viales a concretar, como rutas, vías férreas y caminos, y sus costos, y sobre los estudios de impacto ambiental de la localización y de la viabilidad realizados por el Estado uruguayo y por la empresa. En ese sentido, las organizaciones requirieron también los estudios de línea de base de la situación ambiental de la cuenca del Río Negro y los escenarios de posibles impactos del emprendimiento celulósico.
El principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro firmada por Uruguay en 1992 (en la Conferencia de Desarrollo Sustentable de la ONU), y cuyo compromiso fue renovado en 2012, establece la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, como la mejor forma de tratar los asuntos ambientales.
Sin embargo, en Uruguay se ha consolidado una práctica por la cual el Poder Ejecutivo firma cláusulas de confidencialidad en los contratos de inversión que suscribe con los inversores privados que desarrollan emprendimientos de gran porte, con impactos ambientales significativos.
Las excepciones a la información pública son de interpretación estricta, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 18.381, por lo que esta práctica discrecional va en contra de las obligaciones asumidas por Uruguay en materia de acceso a la información pública y justicia ambiental.
REDES – AT ha denunciado durante muchos años las consecuencias negativas del modelo forestal celulósico y de carácter transnacional sobre nuestros suelos, fuentes de agua, biodiversidad, las poblaciones de las zonas rurales afectadas y la soberanía alimentaria, impactos que se verán agravados si continúa la consolidación del agronegocio. Alertamos que la instalación de una tercera planta de celulosa en el país contradice un eje central de la Reforma Constitucional de 2004, que consiste en la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, y amenaza con imponer una nueva presión socio ambiental a nuestro territorio.
Asimismo, se ha sufrido en los últimos años el peso negativo de los acuerdos de protección de inversiones firmados por nuestro país con el objetivo de atraer y proteger inversiones extranjeras, y se han visto sus impactos en la capacidad de nuestros gobiernos de implementar políticas públicas que prioricen el bien común.
En definitiva, esos acuerdos amenazan nuestra soberanía nacional. El caso del juicio de Philip Morris contra Uruguay, así como las recientes demandas recibidas de parte de Italba Corporation y Zamin Ferrous (Aratirí), evidencian los efectos negativos de este esquema de atracción de inversiones a cualquier precio. Ese esquema no permite, además, evaluar ni visibilizar de forma adecuada los costos que esas inversiones tienen o podrían tener para Uruguay en términos de justicia económica, ambiental y social.
Es dable esperar entonces que las organizaciones sociales uruguayas quieran conocer los detalles de una inversión que se presenta como multimillonaria, pero sin un análisis público que dé cuenta de sus reales dimensiones para el país en términos ambientales, sociales, jurídicos, económicos y políticos, entre otros. Es legítimo y saludable que la sociedad organizada exija transparencia y busque los mecanismos para conocer los compromisos del país, las obligaciones a las que queda sujeto y sus posibles consecuencias al firmar un contrato de inversión para un megaproyecto. Es de esperar también, y parece justo y necesario, además de un deber, que el gobierno responda e informe a su ciudadanía sin mayores dilaciones.
Por más información:
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Valeria España
091 290 195
vespana@cdh.com.uy
REDES – AT Uruguay
María Selva Ortiz
099 259 822
maselvaortiz@gmail.com
