EMILIANO COTELO (EC) — La semana pasada el Parlamento completó la aprobación de uno de los proyectos angulares del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca: La ley de Riego para uso Agrario.
Con ella se procura el crecimiento de la inversión privada en riego -especialmente en los sistemas multi-prediales- para mejorar en el agro la competitividad y los niveles de producción.
Sin embargo, para varios grupos ambientalistas la ley es inconstitucional y abre la puerta a daños en los cursos de agua. El viernes, de hecho, pidieron su derogación durante la novena “Marcha en defensa del agua, la tierra y los bienes comunes”, que tuvo lugar al caer la tarde por la avenida 18 de julio.
¿Cuáles son sus argumentos? Esta mañana recibimos a la socióloga María Selva Ortiz Bosco, presidente de la Asociación Civil REDES-Amigos de la Tierra.
Para empezar, ¿qué es REDES – Amigos de la Tierra?
MARÍA SELVA ORTIZ (MSO) —REDES es una asociación ambientalista que ya tiene más de 25 años en Uruguay, e integramos la federación Amigos de la Tierra internacional, que está presente en 73 países. Tenemos campañas en común y seguimos la agenda ecologista a nivel mundial.
EC —El tema que nos ocupa hoy, la Ley de Riego, es una iniciativa del gobierno para fomentar la inversión en riego destinado al agro. Por dos razones, según explican las autoridades. Para reducir la dependencia de la variabilidad en materia de lluvias y así aumentar la competitividad, la producción y mejorar la adaptabilidad al cambio climático. Y para facilitar el acceso al riego a aquellos productores que no tienen suficiente superficie, tamaño y/o escala para llevar adelante un embalse propio a efectos de almacenar agua. ¿Ustedes comparten esos objetivos o están en contra ya, de pique, de los objetivos?
MSO —No compartimos los objetivos, porque entendemos que la experiencia y lo que ha pasado en el país desde el 2004, 2005 difiere de eso que se dice.
EC —¿En qué sentido? ¿Cómo?
MSO —Cuando vemos cuál ha sido la evolución del agro del 2000 a ahora, vemos que ha habido un cambio muy evidente. Se multiplicó por cuatro la producción del secano, que es principalmente lo que quiere incentivar esa ley. Cuando hablamos de la producción de secano estamos hablando de soja, maíz, cebada, trigo y sorgo. Tenemos en la actualidad 1.600.000 hectáreas de esos productos, que es la producción de verano. Y hubo un cambio drástico en tres aspectos. Un aspecto es la tenencia de la tierra, hubo un cambio y una concentración muy clara, el 6 % de los productores de secano tienen el 60 % del área agrícola, hay una concentración muy grande de esta producción. Y el 2,5 % de ese 1.600.000 hectáreas lo tienen el 43 % de los productores. O sea que hay una concentración clara, no vemos que ese objetivo se haya producido hasta el momento.
Otro aspecto es que ha habido un cambio en la tenencia de la tierra. Al inicio de este boom quienes arrendaban eran el 20 %, hoy son más del 53 %.
Y el tercer aspecto, que para nosotros es clave, es que cuando miramos la evolución del censo del 2000 al del 2011, vemos que desaparecieron 12.500, 12.800 productores. Y cuando miramos estadísticamente, el 80 % de las unidades productivas que desaparecieron son las pequeñas y las medianas.
Entonces estamos analizando que este modelo de agronegocio instalado, que se expandió por cuatro en el territorio, claramente ha tenido impactos en la tenencia de la tierra, ha expulsado pequeños productores, sin entrar en el impacto ambiental. Porque así como creció por cuatro el área productiva, creció por 6,5 la importación de agroquímicos y agrotóxicos –herbicidas e insecticidas– en el mismo período.
EC —Pero casi no has comentado lo que yo mencioné que eran los objetivos, que venían por el lado del fomento del riego.
MSO —Sí, el fomento del riego para la intensificación sustentable –que es el concepto que se ha esgrimido en los objetivos– de este modelo productivo. Nosotros entendemos que intensificar este modelo productivo, aumentar la productividad va a ir en el mismo sentido que ha venido hasta ahora. Claramente excluye a los pequeños y garantiza las ganancias a estos grandes sectores que, como veíamos, son el 6 % de los productores y tienen el 60 % del territorio plantado con estos cultivos.
EC —El senador Mujica ha explicado que “este proyecto intenta arrimar alguna herramienta para que se utilice un poco más esa inmensa cantidad de agua de lluvia que suele irse al mar”. ¿Qué dicen ustedes de esa idea?
MSO —Es una idea muy errónea. El agua no se va al mar y no la perdemos. Y si la estancamos y la embalsamos, como pretende esta ley, estamos desconociendo el ciclo hidrológico, todo lo que es el sistema de depuración natural del ciclo hidrológico, que es clave para mantener la calidad y la cantidad de las aguas. El sábado estuve en la muestra de Ingeniería y tenían todo el canal de agua y el ciclo, ponían las presas y mostraban cómo afectaban, lo tenían dibujado. Entonces si yo tengo todo un cauce, tengo un río, un arroyo que voy a represar para embalsar agua para mantenerla ahí hasta necesitarla, para desviarla por los cursos cuando la necesito, eso genera una cantidad de impactos. Además estoy sustituyendo un área terrestre por un área fluvial, cambiando el ecosistema, cambiando la biota. Eso genera una cantidad de problemas.
Hoy no es que el agua se vaya y se pierda por el mar. Cuando el agua recorre los ecosistemas está protegida por el monte indígena y los humedales, se va depurando, va siendo usada con otros fines tanto por los seres humanos o por el sistema. Eso es algo que se está desconociendo en esta ley. Se está desconociendo el ciclo hidrológico que aprendemos en la escuela y que tiene esa funcionalidad de escorrentía, de depuración, de evaporación, de caer de nuevo. No es que se va y la perdemos, sino que vuelve. Es un error lo que ha manifestado el senador Mujica, que lo ha manifestado Aguerre, como que tenemos que retener toda esa agua porque si se va se pierde. No, el ciclo de la naturaleza tiene esa funcionalidad y la esconrrentía es una de las cosas más claras. Sustituir áreas terrestres por estos sistemas de embalse claramente ya nos trae graves problemas que se van a ir agudizando.
EC —Uno de los argumentos que se manejan -y que hasta la propia Facultad de Ingeniería ve bien- es que desde el punto de vista del funcionamiento de la cuenca sería mejor la construcción colectiva de embalses o presas en un único lugar que la realidad actual, en la que puede haber multiplicidad de obras en distintos predios.
MSO —La multiplicidad de obras en distintos predios hoy no está instalada. Sí tenemos que ver cómo establecer el riego.
EC —Lo que se busca con el proyecto es fomentar la asociación, la asociatividad entre productores, de modo de generar obras de porte y no una eventual dispersión de embalses.
MSO —Esa realidad hoy no está. Y generar obras de porte genera también una cantidad de efectos. Además esta ley ya estaba, tiene 20 años, esta es una reforma, y no se han hecho ni obras de gran porte ni obras de pequeño porte, la asociación no se ha dado. Y para que se dé la asociación esta ley establece que pueden venir grandes inversores privados a hacer la obra de infraestructura.
EC —La pregunta venía por el lado de que desde el punto de vista del funcionamiento de la cuenca puede ser mejor un embalse grande localizado adecuadamente.
MSO —Eso hay que estudiarlo cuenca a cuenca y hay que ver muchos aspectos. Porque si yo establezco el caudal y freno el caudal, también estoy generando efectos en el resto del caudal del río, y efectos río abajo, con un manejo en que yo puedo embalsar y reservar agua, puedo dejar sin agua a otros productores en la cuenca de abajo, y voy a estar afectando otros usos que se hagan en la cuenca, por ejemplo el consumo de agua potable. Porque con estos embalses voy a intensificar el uso agrícola, por lo tanto voy a tener más nutrientes, y voy a tener más problemas de calidad de agua. Esa calidad va a afectar el cauce río abajo. Y río abajo yo puedo tener, según las cuencas, tomas de agua, por lo tanto también voy a afectar a las poblaciones.
Eso también afecta económicamente a las poblaciones, porque OSE ha tenido que poner una tasa ambiental porque el agua que recibe es cada vez de peor calidad. Eso lo estamos pagando todos los uruguayos y no los productores que están produciendo este problema de calidad del agua.
Entonces la Facultad de Ingeniería dice que es mejor una que otras, pero otras facultades dicen los problemas que trae un gran embalse río arriba. La Facultad de Ciencias dice que capaz que es mejor poner microrrepresas que poner una gran represa. Entonces ahí también vemos diferentes visiones de esta misma problemática en la academia. Y lo que estamos viendo y nos preocupa es que estamos escuchando las voces que nos conviene escuchar, no todas las voces. Y estamos priorizando lo económico sobre lo ambiental y lo social.
EC —Cuando concurrió a la Comisión de Ganadería, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que a partir de esta ley la idea es construir presas de mayor porte en la parte alta de la cuenca, que es donde hay menos suelos de uso agrícola y por ende menos problemas asociados al fósforo, los fertilizantes y sus aplicaciones. Según Nario, este tipo de represas tienen menos riesgo de eutrofización que las presas menores y poco profundas que ya existen en muchos lugares, entre otras cosas porque la luz no llega al fondo y no favorece el crecimiento de algas, por tratarse de presas grandes y ubicadas arriba.
MSO —Sí, acá hay algo que tampoco está en esta ley, no se prevé. A partir del artículo 47 la gestión integrada de cuencas hidrográficas y la preservación del ciclo hidrológico está consagradas a nivel constitucional. Y la participación de la sociedad civil en todo el proceso de planificación, gestión y control tiene que ser asegurada. En esta ley en ningún lado se habla de toda la institucionalidad que se ha creado a partir de la reforma y con la ley del 2009 de la Política Nacional de Aguas: las comisiones de cuenca, los consejos regionales de cuenca, la Comisión de Agua y Saneamiento (COASA) asesora de la Dinagua. Este proyecto no pasó por ninguna de esas instancias. Nunca estuvo en la COASA, yo he participado en todas las reuniones. Hoy por hoy no está planteado que podamos dar ese tipo de discusiones, en qué lugar de la cuenca lo vamos a colocar, si en ese lugar o en otro.
Pero también va a depender mucho de los propietarios que quieran hacer el embalse multipredial, de si están en las nacientes de las cuencas, en la mitad o en el fondo. Y como tiene que ser parte propietario o arrendatario, ahí vemos un riesgo. Si eso no está en las cuencas altas, ya se incompatibiliza con lo que dice Nario, porque estas unidades productivas que se van a asociar no van a estar en las cuencas altas, tienen que estar asociados y tienen que ser usuarios de esa cuenca para hacer la inversión. Vemos incompatibilidades que no hemos podido discutir en los espacios que constitucionalmente están definidos para esto, por eso entendemos que también estamos ante un problema con estos temas.
***
EC —Ustedes tienen dos tipos de cuestionamientos, los ambientales y los legales. Veamos lo legal. Una de las innovaciones de esta ley es que habilita cambios en la composición de las asociaciones agrarias de riego y las sociedades agrarias de riego, que ya existían, a partir de la Ley 16.858, de 1997. ¿Qué es lo que los preocupa de estos cambios?
MSO —Acá aparece claramente que va a haber un embalse de agua y un operador de riego que va a vender esa agua a los productores. Los productores van a tener que pagar por el agua embalsada. Esto crea un mercado.
EC —Los productores se asocian para llevar a cabo esa inversión.
MSO —Sí, pero va a haber un inversor, no son los productores. O uno de los productores…
EC —Cabe la posibilidad de que haya un inversor, no es obligatorio.
MSO —No es obligatorio, pero va a haber quien haga el cobro.
EC —El artículo 3, que le da nueva redacción a 12 de la ç Ley 16.858, que se refería a las asociaciones agrarias de riego y sociedades agrarias de riego, dice sobre el final “excepcionalmente el Poder Ejecutivo podrá autorizar la participación de entidades o fondos propiedad de nacionales o extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector”. Esa es una posibilidad que se abre.
MSO —Es una posibilidad. Pero también claramente esta asociación es para que haya una inversión en infraestructura y en el sistema de transporte de esta agua y es a quien le van a pagar. Y en todos los lugares de la ley, del articulado, está garantizada la recuperación de esa inversión para que pueda tener sus ganancias. Eso está en la exposición de motivos. Por ejemplo, “las obras para instalar los sistemas de riego deben tener nuevas disposiciones normativas para que el inversor tenga la certeza del cobro a los usuarios, condición para que el capital disponga de la solución jurídica segura durante el período de amortización de la infraestructura, incluyendo el mantenimiento del sistema en el plazo preestablecido y la proporción de la superficie que ocupa en el sistema”. Claramente esto abre un mercado de aguas, yo ya no voy a poder disponer de un recurso que hoy tengo, que está, al que puedo tener mayor o menor dificultad para acceder.
EC —El argumento principal es que se necesita o puede necesitarse que venga efectivamente ese capital de afuera del sector para llevar a cabo inversiones que los productores como tales no pueden encarar.
MSO —Exactamente, esa es la argumentación. Incluso es un incentivo a través de la Ley de Inversiones a esa inversión, está establecido en la ley. Los legisladores en la discusión que se dio en el Parlamento la semana pasada decían que esos incentivos, estas exoneraciones impositivas que se podían llegar a dar estaban sacando recursos de un lado para dárselos a esos inversores. Por ejemplo, la diputada Macarena Gelman decía que este proyecto de ley intenta mejorar las condiciones de riego incorporando tecnología a través de pasaje de dinero de la sociedad, con exoneraciones impositivas, a los grandes productores rurales. Decimos grandes productores porque quizás la ley pueda ser utilizada residualmente por pequeños productores, pero el público de este modelo son los grandes, que son los que tributan IRAE y pueden contar con exoneraciones impositivas a través de la Ley de Inversiones. Los pequeños no van a poder contarse, el inversor va a ser el grande y va a ser el que va a disponer de vender el agua, cómo se organiza y cómo se hace eso.
Por eso decimos que esto es inconstitucional, porque que haya un mercado de aguas y un operador de riego entendemos que se contrapone con el espíritu de la reforma.
EC —Estamos hablando de la reforma de la Constitución que se aprobó en el 2004.
MSO —En el 2004, por más del 60 % de la población.
EC —El cambio en el artículo 47.
MSO —Exactamente, donde hay todo un espacio de ese artículo y toda una parte de ese artículo que es que el acceso al agua potable y saneamiento son derechos humanos fundamentales, fuimos la primera Constitución en el mundo que pone este derecho, después Naciones Unidas lo toma como uno de los derechos universales y somos una referencia a nivel internacional en esto, y en el proceso de redacción de la reforma en el que participamos muchos actores, se incluye todo el ciclo hidrológico, se incluye toda la gestión de la cuenca, porque entendíamos que no se podía separar el agua para consumo humano de la calidad de las aguas y el uso del territorio que damos. Entonces aparece el concepto de ordenamiento territorial, aparece el concepto de cuencas hidrográficas, de la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, y la priorización del uso de estas cuencas priorizando el interés general sobre el interés particular, y priorizando el agua para consumo humano sobre otros fines. Y ahí justamente uno de los puntos que es muy claro que se establece en lo que debería ser la política nacional de aguas que se aprobó este año, que después quiero ir a eso, los principios, cómo también los principios de la política nacional de aguas se contradicen totalmente con esta ley de riego. El punto 2 de lo que debe ser la política nacional de aguas establece que las aguas superficiales así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico”. Y antes también establece que la preservación del ciclo hidrológico es estratégico y clave y debe ser un asunto de interés general”.
EC —¿Por qué esta ley, tal cual se acaba de aprobar en el Parlamento, va contra esas disposiciones del artículo 47 de la Constitución en la última reforma?
MSO —Esta ley va contra esto porque crea el mercado de aguas, un mercado de aguas que lo crea con un recurso que es de dominio público, todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, pero también se establece que es de dominio público hidráulico, o sea que también si hago un represamiento tiene que ser dominio público, y por lo tanto la venta y que yo diga… por ejemplo una de las cosas que establece esta ley de riego y que es uno de los argumentos que se define por qué cambiarla, dice “en la ley que tiene 20 años de riego y que estaba también la posibilidad de que se asociaran y que se invirtiera, no había inversiones porque si el socio en esta sociedad agraria de riego dejaba de pagar no se tenía forma de recuperar la inversión. Hoy si se deja de pagar sí se le quita el acceso a ese recurso terminada la zafra, fue un cambio que se introdujo en el Parlamento, que no estaba en el proyecto inicial del Poder Ejecutivo. Pero además si yo hoy integro esa sociedad, soy u arrendatario, integro esa sociedad de riego, mañana como arrendatario me voy y el propietario del campo incluso vende el campo y el campo ya no es para destino agrícola, igual tengo que seguir pagando lo que establecido que tenía que pagar para acceder a esa agua, la use o no, hasta que la amortización del inversor esté definida. Entonces acá también hay que no solamente estoy diciendo, tengo que pagar el agua la uso o no la uso, y además a futuro también quienes vengan, aunque sea yo hoy un arrendatario, después el propietario viene y no quiere ser agricultor, va a tener que seguir.
EC —Pero teniendo en cuenta que ya existía una ley de riego, con las normas que hasta hora regían el agua era de dominio público y sin embargo se concedían autorizaciones a cambio de un canon, para otorgar esos permisos se analizaban distintos aspectos, como el impacto ambiental, el derecho de terceros, etcétera. Por ejemplo, las empresas de agua embotellada ya pagan un canon. Entonces ¿por qué esta ley con etas disposiciones que ahora se aprueban sería inconstitucional y lo que ya teníamos operativo no era inconstitucional?
MSO —Insisto, acá hay un inversor que puede decir “tú tenés derecho, no tenés derecho a acceder a esta agua”, y yo te puedo quitar el derecho a acceder a esta agua, y si no me pagás no accedés a este recurso para tu riego. Entonces acá establece también…
EC —¿Esa es la diferencia, ese es el punto crítico?
MSO —Ese es uno de los puntos críticos.
EC —Porque si hablamos de privatizar el agua puede pensarse que la extracción de agua para después embotellarla y venderla es una privatización.
MSO —Por supuesto que es una privatización. Cuando hicimos la reforma y la redactamos eso se puede llegar a instrumentar que es una privatización.
EC —Pero nunca se cuestionó eso, no se han presentado.
MSO —Desde las organizaciones lo hemos cuestionado y también todo el tema de la calidad de agua. También OSE asegura en momentos que ha tenido problemas de potabilización del agua, por ejemplo en Maldonado, asegura la bolsa de agua gratuita y también asegura que te lleva el agua. Entonces acá también hay una diferencia, porque ese recurso yo puedo acceder, es un recurso humano, yo abro la canilla en Uruguay y puedo tomar agua, y si OSE no me puede brindar ese servicio, lo tengo. Igual, obviamente que todas las ganancias que tienen estas empresas y todo lo que se especula alrededor de eso es un problema, pero acá nosotros entendemos que de cualquier forma está asegurado el derecho humano. El tema es que con relación a lo que es hoy este mercado nuevo que se abre de agua, no solamente la inconstitucionalidad la vemos por la privatización y abrir un mercado con un ejemplo muy claro que es el chileno, en donde puede pasar un río al lado mío y yo si no pago no puedo acceder a ese recurso. Si yo tengo el embalse y no me asocié, y el embalse me queda al lado de mi campo, tengo que dejar pasar el agua, porque otra de las cosas que condicionan acá es que yo ya no voy a poder decir “por acá no pasa”, sino que coactivamente van a poder pasar el agua por mi campo pero yo no puedo acceder a esa agua. Y eso es inconstitucional.
***
EC —Hablamos de la parte legal, de la eventual inconstitucionalidad de esta ley, habíamos manejado algo del cuestionamiento de tipo ambiental, pero tú decías que faltaba algo importante en esa materia.
MSO —Sí, falta algo importante y que entendemos nosotros que es un problema que ya tenemos hoy instalado, un problema que si siguiéramos la línea de la Constitución y respetáramos la Constitución tendríamos que revertir, que es un problema que ya tenemos de una afectación grave de la calidad de las aguas en el Uruguay. Y esta calidad de las aguas con un aumento que está muy directamente relacionada al cambio que hicimos en el uso del suelo, a la intensificación agrícola que se hizo, no solamente acá tenemos que tener en cuenta todo este crecimiento del secano, sino también el crecimiento forestal. Acá hay grandes presiones que se dan, un aumento de las áreas en estos aspectos, y acá por ejemplo la Facultad de Ciencias está haciendo, la sección de Limnología de la Facultad de Ciencias está haciendo grandes alertas e incluso esa alerta llegó al Parlamento, porque el CDC de Facultad de Ciencias envió esta preocupación y estos estudios.
EC —Estás hablando a los inconvenientes que se han producido por ejemplo en la laguna del Sauce, en el río Santa Lucía.
MSO —En el río Negro. Estamos hablando de estudios que se están haciendo en todo el territorio en donde se encuentra que el aumento de fósforo y nitrógeno detectado en 60 lugares donde se hizo este relevamiento en 37 lugares está por encima de lo permitido, en 17 está igual solo en 7 están por debajo de lo permitido, pero además ellos hacen una relación en donde en ambientes en lo que son avientes de lagos, embalses, lagunas, lo comparan con ambientes de ríos, arroyos que corren y esa misma cantidad de fósforo en uno y en otro lugar tiene efectos totalmente diferentes. En los embalses claramente se da que hay una proliferación mucho más fuerte de algas tóxicas si hacen un relevamiento de todos los lugares donde se detectaron algas tóxicas y cianobacterias y lo que están alertando es que por ejemplo los eventos que se dieron de problema de potabilización en Santa Lucía y en laguna del Sauce fueron producto de estos sistemas y directamente relacionados, y que si se está pensando en generar embalses en todo el territorio este problema se va a agravar.
EC —Pero los controles que están previstos en la propia ley no dan tranquilidad en esa materia?
MSO —Ninguna tranquilidad. Justamente, hoy esos controles se tendrían que estar haciendo y no tendríamos que tener los recursos hídricos en el estado en que lo tenemos, y los problemas de cianobacterias. Solamente para que veamos la relación. En 2006, 2005, eventos de cianobacterias detectados en la costa uruguaya fueron cinco o seis, en el período 2015-2016 fueron 81. En 10 años pasamos de 6 a 81 detecciones de cianobacterias. Pero cuando vemos mapas en donde todo el territorio, no solamente en la cuenca del Santa Lucía o en la costa, se da en todo el territorio donde hay embalses, en el río Negro es donde más afectado está. Por ejemplo, el río Negro, por todos los embalses, Rincón del Bonete, Palmar, Baygorria, tienen graves problemas y cuando uno habla con la gente por ejemplo de Soriano, de Mercedes, en los últimos años no han podido usar sus playas por las algas. Pero esto no solamente afecta al turismo, sino que afecta también a otras actividades productivas. Por ejemplo, hay denuncias en el río Negro de que animales que van a abrevar han muerto, pero además hemos visto ahora, y justamente la Facultad de Ciencias lo está diciendo, el problema que se dio las semanas pasadas en Palmar con la muerte de sábalos producto de cómo se estaba manejando el cierre y apertura de represas, con la cantidad también de problemáticas ambientales, que eso hoy no estamos pudiendo controlar las grandes que tenemos. Imagínense en todo el territorio qué capacidad de control vamos a tener de estas.
EC —El artículo 13 de la nueva ley dice “El agua usada para riego deberá tener una calidad apta para tal fin de acuerdo con la reglamentación”.
MSO —Eso hoy ya no está pasando, porque tenemos los cursos de agua con el agua por encima de los niveles que están aprobados, y no lo estamos pudiendo controlar hoy. Hoy y tenemos las aguas de embalse y las aguas de río, pero las aguas en los cursos, el río Uruguay tiene niveles de fósforo en todo su cauce por encima de lo permitido. El río Negro lo tiene por encima de lo permitido. Entonces voy a embalsar esas aguas que ya están por encima de lo permitido, ¿cómo voy a poder mantener? ¿Voy a tener que cambiar los niveles que están autorizados? Eso entendemos que hoy tendríamos que hacer un parate con el modelo que tenemos, una revisión… Y ahí quiero decir lo que es la política nacional de aguas, los principios de la política nacional de aguas, que definen un desarrollo sustentable, justamente, agua y desarrollo sostenible asegurando la cantidad y calidad para el logro del desarrollo social, económico, productivo del país en forma sustentable mediante una gestión integrada y participativa y considerando que la capacidad de carga de cada cuenca los impactos acumulativos de las actividades humanas, el equilibrio entre la oferta y la demanda y la eficiencia entre el uso de las aguas y la salud de los sistemas acuáticos. Y hoy la salud e los sistemas acuáticos no lo estamos considerando, y tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente es para nosotros, sino para las generaciones futuras. Entonces lo que decimos hoy: este modelo agropecuario de agronegocio está teniendo graves impactos, impactos que por ejemplo han llegado a comprometer el agua en Montevideo, han llegado a comprometer durante muchos días el agua en laguna del Sauce, el agua en Maldonado, con graves costos políticos además, y económicos y sociales. Costos económicos que con la tasa ambiental estamos pagando todos los uruguayos, porque OSE cada vez le está costando más poder potabilizar esta agua. Y entendemos que sí tenemos que tener un desarrollo, que sí tenemos que tener un incentivo, que sí tenemos que tener. Por ejemplo, una de las experiencia…
EC —¿Cuál es la alternativa? La pregunta aparece en varios mensajes de oyentes. “Los ambientalistas van al inmovilismo”. ¿Qué proponen como plan B?
MSO —Entendemos que estos modelos, todo esto se tiene que hacer analizando cuenca a cuenca, y que tenemos que ver cómo… lo estamos analizando en la cuenca del Santa Lucía, que desde el 2003, desde ese evento, hasta el momento no hemos podido tomar tal vez medidas mucho más drásticas que las que se tienen que tomar y que recién ahora estamos viendo las zonas en donde debemos no poder plantar, debemos tomar medidas, acá se puede y acá no se puede. Y eso no hemos estado pudiendo hacer y que es algo estratégico y clave en la planificación, es decir, para que estos cauces tengan un sistema y ser de calidad ambiental y cantidad ambiental sustentable, debemos decir “podemos plantar hasta acá y a partir de acá no”. Una experiencia muy interesante que se está dando en la laguna del Cisne, donde hay contaminaciones que se tomaron medidas y se dijo: “tenemos que plantar con otro modelo de producción”, y se está revirtiendo y los productores están cambiando su forma de producción a una producción mucho más amigable, sin dejar de producir, pero con un asesoramiento y un trabajo muy grande donde están produciendo sin cantidad de fertilizantes y de agrotóxicos, producción mucho más natural y mucho más sustentable. También hay un plan nacional de agroecología en todo el país, donde hay también otros modelos y otras formas de producir.
Y por último quiero decir que tenemos un país muy rico en producción de alimentos, en alimentos de calidad que podríamos hacer, y sin embargo estos alimentos, como por ejemplo lo que ha pasado con el todo el tema de la apicultura, con el tema de la miel, en donde nuestros productos están siendo rechazados porque tienen la afectación de estos impactos ambientales producto de un modelo que no produce alimentos, que produce semillas para alimentar a otros o celulosa para otros, que no son alimentos. Entonces tenemos un ecosistema absolutamente propicio para producir alimentos, alimentos de calidad, alimentos sanos, alimentos certificados, carne certificada como estamos haciendo en muchas áreas, pero tumben en donde deberíamos asegurar que lo pequeños y medianos productores, incentivos a estos pequeños y medianos productores que no los tienen y no tienen esas exoneraciones impositivas y esos impulsos que tienen otros sectores mucho más del agronegocio, de las grandes empresas que vienen a plantar árboles, y sin embargo los productores y otro tipo de producción no tiene esos incentivos para poder quedarse, no irse y producir en forma mucho más sustentable.
EC —Son demasiados temas, se van abriendo y abriendo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a impugnar esta ley?
MSO —Vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad y si en este momento no lo podemos interponer porque no está la reglamentación o porque, aunque fuimos las organizaciones que impulsamos la reforma no somos reconocidos para interponer eso, estamos pensando también con fose, con todas las organizaciones que estuvimos trabajando y que impulsamos en un refrendo a esta ley.
EC —Un referendo para derogar la ley.
MSO —Para derogar la ley.
https://www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/entrevista-central-lunes-23-de-octubre-maria-selva-ortiz/?fullpage
