Comenzó a estudiarse en 1995, pero la crisis que vivió América Latina a fines de los 90 y principios de 2000 aminoró el ímpetu de negociación y terminó de estancarse en 2004; en 2010 volvió a reflotarse, y hasta el día de hoy se sigue discutiendo. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur era el disparador del intercambio entre parlamentarios progresistas latinoamericanos y europeos que tuvo lugar ayer en el edificio anexo del Palacio Legislativo, pero la discusión se hizo más genérica y llegó hasta la nueva generación de tratados que apuntan a la regulación, sobre todo de los servicios.
“Hoy se está queriendo convencer de que los tratados son sinónimo de desarrollo, pero la realidad es que tienen cada vez menos de comercio y más de mecanismos arbitrales, tratados de inversión, servicios, pasar por encima de las normas constituidas”, estableció de entrada Jorge Taiana, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Coincidió con esa idea Marina Albiol, vicepresidenta de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y coordinadora para América Latina de la bancada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europe (GUE-NGL, por su sigla en inglés). La mayoría de los presentes, sobre todo los europeos, consideraron que detrás de supuestas riñas geopolíticas hay otros intereses.
“No son tratados comerciales, no se trata de bajar aranceles. Estamos ante un proyecto económico y político de una elite transatlántica”, advirtió la diputada. “Nos quieren hacer creer que es un enfrentamiento territorial. Por ejemplo, en el caso del Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión [TTIP, por su sigla en inglés], de un poderoso de un lado del Atlántico contra otro poderoso del otro lado, pero la realidad es que son los poderosos contra los pueblos”, agregó.
También João Pimienta, miembro de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Brasil, consideró que “jamás” se trata de acuerdos establecidos en condiciones de igualdad para los participantes, “ni de mutuo acuerdo ni de mutuo beneficio”, sino que buscan “asegurar [la primacía de] un bloque económico sobre el otro”, con impactos “muy negativos para los afectados, incluso para los países de la periferia europea”.
La dificultad para identificar el engaño reside, según Albiol, en que “la búsqueda ya no es hacia el libre mercado, sino hacia el mercado regulado”, pero con una regulación “pensada para los de arriba”. “Quieren modificar nuestras normas y constituciones y revertir avances sociales que se consiguieron por medio de la lucha obrera durante muchos años, de manera que aunque la izquierda gane en las urnas, no pueda poner en práctica sus políticas, porque ya está todo ‘atado’ arriba, dejando poco margen a los propios estados”, agregó.
Objetivo común
Si bien los gobiernos siguen diciendo que las negociaciones para el TLC entre el Mercosur y la UE avanzan, el presidente del Parlasur consideró que están “estancadas” y que el tratado tiene “muchas dificultades para concretarse”. También lo consideró “una ofensiva política”, y dijo que ante las “pocas cuotas” que Europa ofrece para nuestra región, no vale la pena “destruir nuestro tejido industrial, que está compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas”.
Albiol, por su parte, afirmó que “la única manera” de frenar el avance de esta nueva ola de tratados para regular los servicios es mediante “la unión de los pueblos”. “Con movilización y lucha en la calle, porque los parlamentarios solos por nuestra cuenta no podemos hacer algo para detenerlo”, enfatizó.
Aun así, sostuvo que el cambio debe ser profundo, ya que “si paramos los tratados pero siguen los mismos gobernantes, las mismas políticas y el mismo sistema económico, lo volverán a intentar” con un nuevo formato. “Tal como hicieron ahora, después de que frenamos hace diez años la ALCA [Área de Libre Comercio de las Américas]”, complementó, a su vez, Iván González, coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
“Lo poco que recuperamos en los últimos 15 años -que no fue suficiente para resolver el déficit histórico con los pueblos de las Américas-, está en serio peligro en estos momentos”, sostuvo González. También mostró su discrepancia con “algunos sindicatos europeos” que “consideran que hay que negociar para perder menos”, algo que, estimó, sería “equivocado y peligroso”.
Por su parte, Taiana consideró que hay “varios problemas de derechos humanos” tanto en nuestros países como en los de Europa, y que “las democracias frágiles que tenemos no hacen más que reproducirlos”. En ese punto también hizo hincapié González, quien dejó en claro su preocupación por “entrar en precariedad de democracia, ante los hechos recientes”, y entregar a “estos gobiernos actuales” el “poder de negociar acuerdos de este tipo”.
