Las elecciones departamentales nos ofrecen una oportunidad para proponer un marco político, una serie de políticas públicas y de medidas que contribuyan a dar respuestas a las crisis socioambientales cuyos impactos se manifiestan en los territorios, en el clima, en el agua, en la erosión de la biodiversidad, en el sistema agroalimentario, en las desigualdades, en el trabajo de cuidados, en la salud.
En este contexto y ante la dramática situación que genera la pandemia -que va mucho más allá de la dimensión sanitaria- es clave entender a nivel departamental y local el origen de las crisis sistémicas que afectan a nuestras sociedades y medioambiente, para generar y aplicar políticas públicas, normativas y/o medidas que contribuyan a abordar sus causas y no sólo sus impactos.
Hoy es evidente que la pandemia se suma a la profundización de otras problemáticas que en cada departamento del país afectan los sistemas y ciclos ecológicos que hacen posible la vida, y por lo tanto, las condiciones en las que vive nuestro pueblo. Sabemos que el agua, la alimentación y nuestra salud dependen directamente de los sistemas ecológicos y sus funciones, por ello es fundamental que haya una apuesta real y sustantiva a la justicia ambiental que se plasme en políticas públicas no sólo a nivel nacional, sino también a nivel departamental.
La devastación ambiental está inextricablemente ligada a la creciente explotación de la naturaleza y de la clase trabajadora -principalmente las mujeres- y a un sistema racista y patriarcal. Ello conduce ineludiblemente a que los impactos de la expansión territorial del capital, así como su control creciente sobre los sistemas de producción, distribución y consumo y diversas dimensiones de la vida en sociedad, golpeen con mayor fuerza a quienes sufren las opresiones sistémicas. Por eso, la dimensión de justicia se torna cada vez más relevante para el ambientalismo, en un continente y un mundo profundamente desigual, donde la concentración de la riqueza y la exclusión están avanzando a pasos acelerados y vergonzantes.
Es clave que las organizaciones sociales participen activamente en la formulación de propuestas de políticas públicas departamentales que contribuyan a las transformaciones necesarias en nuestras sociedades en pos de la justicia ambiental, social, económica y de género.
Además de reclamar medidas urgentes para paliar sus impactos inmediatos, las crisis nos exigen desarrollar e impulsar propuestas políticas que permitan hacer avanzar y consolidar las soluciones propuestas desde los pueblos. La participación social permite enriquecer las políticas públicas y acciones tendientes a posibilitar las transformaciones sociales necesarias para el pleno ejercicio de derechos de todas las personas.
Debemos integrar lo ambiental a nivel departamental, indisolublemente ligado a la realización de derechos fundamentales, individuales y colectivos. Resulta también prioritario aplicar el principio precautorio establecido en la Ley 17.283 que declara de interés general la protección del medioambiente, cuyo artículo 6 establece que “la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas”.
El pleno ejercicio del derecho a la alimentación, al agua, a la salud, sólo es posible cuando hay un verdadero control social sobre el territorio y los bienes de la naturaleza, de lo contrario seremos rehenes de las empresas transnacionales, de los especuladores y de los vaivenes del mercado internacional.
Desde REDES-AT queremos contribuir al debate para incorporar las dimensiones de justicia ambiental, social, económica y de género en los gobiernos departamentales. En este documento ponemos a disposición nuestras propuestas para construir políticas públicas desde ese nivel de gobierno, con una perspectiva ambiental popular de izquierda, en forma articulada desde los movimientos sociales.
