Lamentamos que el presidente Luis Lacalle Pou haya vetado este jueves la Ley de Suelos de Prioridad Forestal aprobada ayer en el Parlamento, lo que sumado al decreto presidencial sobre forestación del 10 de diciembre echa por tierra los intentos de limitar la expansión del modelo forestal, presente desde hace más de 30 años en nuestro país y que ha generado enormes impactos.
Desde REDES-AT Uruguay expresamos nuestra preocupación ante ese decreto, que ampliará la cantidad de tierras con prioridad forestal y permitirá nuevas plantaciones. La ley aprobada ayer en el Senado, aunque perfectible, era un paso importante en la dirección correcta, ya que limitaba ese crecimiento.
Con el accionar del mandatario, se impusieron los intereses de las grandes empresas responsables de la degradación de nuestros territorios, por sobre el bien común y la justicia ambiental. Los monocultivos de árboles no son bosques y la apuesta productiva no puede seguir siendo sembrar árboles para producir celulosa donde podemos producir alimentos.
Rechazamos los argumentos que plantean que no se pueden cambiar las reglas de juego para la forestación, porque de esa manera nunca se podría avanzar en la legislación ambiental sobre la base de la experiencia acumulada y la información relativa a los impactos de determinada actividad. De hecho, ya antes se hicieron modificaciones positivas a la legislación forestal, como la eliminación de subsidios. Legislar en función del bien común es fundamental en una democracia.
El decreto presidencial que se presentó como alternativa a la Ley aprobada, contiene errores conceptuales en el uso de términos que plantea, como afirmar que Uruguay tiene “diferentes criterios técnicos en materia de clasificación de suelos”, lo que resulta incorrecto porque el país tiene un sistema de clasificación de suelos desarrollado desde 1960 hasta la actualidad, que resulta operativo y no genera problemas. La definición de terrenos forestales o suelos de prioridad forestal, a partir de los grupos de suelos CONEAT, es lo que genera “diferentes criterios técnicos”, no la clasificación de suelos.
Por otra parte, la “Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del USDA” (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), planteada en el decreto, no incorpora criterios comprobados internacionalmente. Se trata de criterios acordados en los años 60 para definir aptitudes de los suelos de Estados Unidos y determinar las clases de uso de suelo con aptitud preferentemente forestal. Esa clasificación utiliza criterios cualitativos que se derivan de una interpretación de las propiedades de los suelos. Sin embargo, esos criterios se han ido abandonando por la subjetividad de su aplicación y por descontextualizar el suelo del sistema ambiental en su integralidad. Esos criterios ya en desuso son utilizados ahora por el gobierno uruguayo como argumento para ampliar la cantidad de suelos con prioridad forestal.
A esto se suma que el decreto habilita la forestación de microcuencas (cuencas de arroyos y cañadas) en su totalidad, afectando el derecho humano al agua que está garantizado en nuestra Constitución. La Carta Magna recalca que la gestión del agua debe orientarse como un bien esencial para la vida, por eso la gestión de las cuencas necesariamente exige la protección de las nacientes de los ríos y de las áreas de captación de las aguas pluviales, la conservación de las áreas de recarga de las aguas subterráneas, el cuidado de los sistemas ambientales que están presentes en esa cuenca y de los sistemas naturales de drenaje, a efectos de garantizar que el flujo y la calidad del agua sean los que necesitamos. Todo esto se ve afectado por los monocultivos forestales.
La expansión de monocultivos en nuestro territorio no hará más que profundizar los impactos del modelo forestal en los ciclos hídricos y en la degradación de los suelos, con las consecuencias que eso significa para la calidad y la cantidad del agua, la fertilidad de los suelos y los sistemas productivos.
El decreto da más privilegios a las empresas forestales y afecta al interés general sobre los bienes comunes y las generaciones futuras, impactando directamente en la pérdida de soberanía sobre el territorio nacional.
Como REDES-AT hace más de 30 años que monitoreamos los impactos del modelo forestal en Uruguay y el mundo. Las afectaciones en nuestro país se ven reflejadas en la drástica disminución del caudal de los cursos de agua, el desplazamiento casi total de la fauna en las zonas forestadas con monocultivos de pinos y eucaliptos, la pérdida de biodiversidad y erosión de los suelos, además de las afectaciones en la salud por el contacto con agrotóxicos que se aplican en la industria forestal y la trágica expulsión de productoras y productores familiares, o la afectación de sus sistemas productivos.
Es urgente abandonar la visión reduccionista que ve los territorios como espacios de mera explotación de recursos naturales. Para una organización como REDES-AT, la justicia ambiental, la defensa del territorio y de los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, son prioridades que no admiten la menor demora. Por esta razón, Uruguay debe avanzar hacia un uso más responsable del territorio, que reconozca la importancia de la biodiversidad, de los suelos y del ciclo del agua, pero también de las dinámicas sociales que allí se dan, como parte de la defensa del derecho humano al agua, a la alimentación y a un ambiente sano.
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