José Elosegui
Uruguay avanza en la elaboración de las bases para una política nacional de bioseguridad, que tendrá a los transgénicos (organismos genéticamente modificados) y su presencia en el país como centro de atención. Sin embargo, el proceso por el que atraviesan varias organizaciones, instituciones de diversa índole y órganos de gobierno para sentar las líneas generales que debería tener la nueva norma, está lejos de ser llano. Más bien, todo lo contrario.
Varias organizaciones ambientalistas abandonaron la mesa de diálogo y la Cámara Uruguaya de Semillas (CUS) las acusa de presionar al gobierno, que sintió el impacto. La Asociación Rural del Uruguay también se retiró y desde la Universidad de la República se señala que el proceso de trabajo conjunto es positivo pero muy lento. Otros actores son las Cooperativas Agrarias Federadas, la Federación Rural, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, varios ministerios y el Instituto Nacional de Semillas.En total suman más de 20 y confluyen en el Comité Nacional de Coordinación (CNC), órgano de seguimiento del «Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad», en funcionamiento desde mediados de 2005 y que tiene como objetivo la creación de la nueva ley.
A comienzos del año que viene todos los participantes del Comité deberían tener prontos los documentos guías de la nueva política nacional sobre bioseguridad, para que recién en ese momento se pueda empezar a elaborar el proyecto normativo.
El tiempo dirá si son capaces de ponerse de acuerdo. Mientras tanto, la mayoría de los uruguayos ya manifestó su rechazo a los transgénicos, como lo señalan los resultados preliminares de una encuesta realizada por Factum y encargada por el CNC.
De lo internacional a lo nacional
El «Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad» es financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que impulsan proyectos de iguales características en más de cien países.
La contraparte uruguaya es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
A nivel nacional la ley existente en el país es el decreto 249/000, del 30 de agosto de 2000, que creó la Comisión de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV), perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Esa comisión funciona como asesora del Poder Ejecutivo en materia de transgénicos y se encarga de analizar las solicitudes de aprobación realizadas al país sobre nuevos organismos genéticamente modificados.
Mucho más que alimentos transgénicos
Los participantes del CNC se preocupan en aclarar que su trabajo no se debe reducir a consideraciones sobre cultivos y alimentos transgénicos. Una norma sobre bioseguridad debe tener en cuenta todo tipo de organismos genéticamente modificados, aclaran.
Se refieren, por poner solo un par de ejemplos, a que también deben analizar la utilización en el país de microorganismos o bacterias transgénicas, las que se pueden usar para investigaciones científicas, entre otras cosas.
Sin embargo, lo que tiene que ver con semillas, plantas y alimentos transgénicos centra gran parte de la atención de las organizaciones, organismos gubernamentales e instituciones que forman parte del CNC, por sus eventuales impactos sobre el medio ambiente, la salud y la economía del país.
Los diversos actores aclaran que están analizando dos escenarios posibles: Uruguay sin transgénicos y Uruguay con transgénicos. Con esa premisa, los integrantes del CNC se dividieron y están trabajando en subgrupos.
El peor momento
Hace algunos meses varias organizaciones se retiraron del CNC. Entre ellas se destacan REDES-Amigos de la Tierra, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU).
Las organizaciones explicaron que el gobierno no daba señales claras de que realmente tuviera en cuenta sus posiciones sobre los transgénicos y que su participación en el CNC había perdido sentido.
El representante de APODU, Hugo Bértola, dijo a la diaria que lo más grave fue que el gobierno no tenía en cuenta las resoluciones del Comité. Explicó que en marzo de 2006 el CNC resolvió por mayoría «pedir un gesto» al gobierno, que incluía cinco puntos: suspensión o prohibición del maíz dulce transgénico (una variedad de los permitidos Mon 810 y Bt 11), suspensión de la investigación con trébol genéticamente modificado, declaración de una moratoria (prohibición) para nuevos eventos (como se llama también a los transgénicos), reconsideración de los tres ya permitidos y que se efectuara un mayor control de las importaciones de granos.
El gobierno de Tabaré Vázquez suspendió en agosto el uso, producción y comercialización de semillas de maíz dulce genéticamente modificado, lo que las organizaciones valoraron como muy importante.
Sin embargo, la no implementación de los cuatro puntos restantes molestó a los grupos ambientalistas y de productores orgánicos. «No es que no nos respondieron a nosotros, no le respondieron al Comité», explicó Bértola.
El productor aseguró que algunas cámaras empresariales y la Asociación Rural del Uruguay presionaron al gobierno para que no firmara el decreto de moratoria a nuevos eventos transgénicos.
La representante de REDES-Amigos de la Tierra, Karin Nansen, dijo a la diaria que «no tiene mucho sentido estar dentro de un comité que cuando decide cosas no se le tiene en cuenta y no sabemos por qué razones».
«Nos queda la duda de si realmente está abierto el debate en torno a los transgénicos o solo nos están entreteniendo», señaló.
Nansen subrayó además la importancia del «principio de precaución», que plantea «que el hecho de que no haya certeza científica sobre los impactos negativos de los transgénicos, no quiere decir que no haya que tomar precauciones. Con la sola duda ya hay que tomar medidas».
Bértola agregó que el coordinador nacional del «Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad», Marcos Frommel, dio por hecho en algunos medios de comunicación de que en Uruguay coexistirían transgénicos y no transgénicos.
«Se nos dio a entender que los transgénicos son una realidad y que hay que coexistir con ellos. Quienes nos retiramos pensamos muy diferente, eso es lo que hay que discutir primeramente», dijo Bértola.
El integrante de APODU manifestó que existe la posibilidad de que las organizaciones que se retiraron del CNC propongan un marco nacional de bioseguridad alternativo.
«Creemos que el país debe estar libre de transgénicos y que el marco legal tiene que partir de esa base», sentenció Bértola. Pero aclaró que APODU se opone a los transgénicos en la agricultura y en el procesado de alimentos, pero no a todo tipo de transgénicos.
El coordinador tiene la palabra
Marcos Frommel dijo a la diaria que el CNC está trabajando en subgrupos, que tienen como objetivo «la identificación de los componentes que van a ser incluidos en el marco nacional de bioseguridad».
«Los grupos están empezando a producir documentos y están intercambiando información», dijo Frommel. «La idea es que el proyecto finalice en abril o mayo del año que viene y después se pasa a una etapa de formulación de la ley», agregó.
Para el coordinador del proyecto, «las organizaciones que se retiraron se están perdiendo una oportunidad de realizar aportes significativos a un marco que va a afectar a parte de sus seguidores». Agregó que hace poco les escribió pidiéndoles que participaran aunque sea desde fuera del Comité.
«A veces el fundamentalismo en las posiciones lleva a aferrarse a una idea. Pero a lo que llamo es al raciocinio y a que las organizaciones vean que tienen una puerta abierta», finalizó Frommel.
Diversidad de opiniones
El gerente de la CUS, Daniel Bayce, considera que las organizaciones están presionando al gobierno: «la misma gente está atacando por varios frentes», dijo a la diaria, refiriéndose a las manifestaciones de los grupos ambientalistas en contra de las plantas de celulosa.
Bayce explicó que le preocupa que «otra vez esos grupos empiezan a sentir que la cancha está flechada, que no hay un ámbito de participación».
El gerente de la CUS cree que «es muy positiva la actividad del Comité de Coordinación», porque juntó a todos los actores de la sociedad que tienen intereses en el tema transgénicos.
Sin embargo, Bayce se lamentó porque «las autoridades del gobierno suspenden de hecho la normativa actual que tenemos». «El decreto que regula la introducción de nuevos materiales transgénicos (249/000) está vigente pero no se están estudiando nuevos eventos, aunque hay solicitudes realizadas hace más de un año y medio», señaló.
La CUS no puede decir que está a favor o en contra de los transgénicos. «Esos organismos no pueden considerarse como una cosa abstracta. Hay que analizar caso a caso, la seguridad y conveniencia en cada oportunidad», explicó Bayce.
Dijo que, por ejemplo, con respecto a la soja y el maíz «no hay discusión»: aquellos eventos «que pasen por su evaluación de riesgo y sean seguros tienen que entrar». Sin embargo, Bayce se manifestó en contra del ingreso a Uruguay de cebada transgénica, porque puede perjudicar comercialmente al país.
Por su parte, el coordinador de la Unidad de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Fabián Capdevielle, señaló a la diaria que el trabajo del CNC es positivo y consideró que en Uruguay se ha reafirmado el rol de las instituciones dedicadas a la investigación.
«Se afianzó esa visión de que hay que diferenciar cuando el transgénico es parte de las herramientas con las que trabaja un grupo de investigación, en una etapa en un laboratorio y para generar datos», explicó.
Con respecto a los transgénicos vegetales, Capdevielle señaló que el INIA participa en el ámbito de la CERV desde el año 2000. «Se viene aplicando el concepto del análisis caso a caso», dijo.
La representante de la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de la Universidad de la República, Mercedes Rivas, manifestó a la diaria que recién ahora, con el trabajo de los subgrupos, se está «poniendo en negro sobre blanco» las posiciones de los diversos actores del CNC.
Rivas, proveniente de la Facultad de Agronomía, considera que la constitución del Comité es positiva. No obstante, se lamentó porque el trabajado ha sido «demasiado lento».
La representante de la RETEMA dijo que el gobierno dio una «muy buena señal» al prohibir el uso, producción y comercialización de semillas de maíz dulce transgénico. «De todas maneras, el tema de la moratoria a nuevos eventos está pendiente», consideró.
Rivas explicó que «a la RETEMA le preocupa mucho el retiro de las organizaciones del CNC, y creo que al MVOTMA también, porque así el Comité no es un organismo representativo de la sociedad y de los distintos sectores».
Consultada sobre la postura de la Universidad acerca de los transgénicos, Rivas dijo que la Facultad de Agronomía tiene un documento oficial aprobado en el que «critica la aprobación de los eventos de maíz».
Agregó que «la RETEMA es muy crítica con los transgénicos, aunque esto no quiere decir que sea la posición de la Universidad».
El cajón maldito
El decreto de moratoria temporal (prohibición) a la aprobación de nuevos transgénicos no se concretó porque un funcionario del Ministerio de Economía lo guardó en un cajón en setiembre, convencido de que contravenía el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Uruguay negociaría con Estados Unidos. Por esa razón, decidió no entregárselo al titular de Economía, Danilo Astori.
El proyecto de decreto fue elaborado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y ya tenía la firma de los dos ministros, José Mujica y Mariano Arana respectivamente.
Pero el trámite se trancó al llegar a manos del ex director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, Darío Saráchaga, porque el funcionario retuvo el proyecto en un cajón de su escritorio y no lo entregó a Astori para que lo firmara. Para completarse el trámite y que la resolución llegara al presidente Tabaré Vázquez también faltaba la firma de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.
El asesor del ministro Arana y responsable de la marcha del proyecto de decreto de moratoria, Roberto Elissalde, señaló a la diaria que el MVOTMA y el MGAP tienen interés en que la resolución sea aprobada lo antes posible. “Alicia Torres (directora nacional de Medio Ambiente) ya inició los contactos para que se reactive el tema”, dijo Elissalde.
El asesor de Arana reconoció que la no concreción del decreto fue fundamental para el retiro de varias organizaciones del Comité Nacional de Coordinación que trabaja en el “Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad”, con el objetivo de elaborar las bases para una ley que regule sobre transgénicos.
Es un “verdadero problema político” que las organizaciones, principalmente ambientalistas y de productores, se hayan retirado del Comité, consideró Elissalde.
Dijo además que lamenta que esas instituciones no sigan trabajando en ese marco porque se ha debilitado la posición de los grupos que rechazan los organismos genéticamente modificados.
Elissalde aseguró que el gobierno tiene toda la voluntad de que el tema transgénicos se discuta ampliamente y que no hay decisiones tomadas al respecto. “La voluntad fue, y sigue siendo hoy oficialmente, estudiar todos los escenarios sin un prejuicio, sin una postura adoptada”, dijo.
“Ni Mariano Arana, ni Alicia Torres, ni nadie, tiene una posición definida”, sentenció.
Tres transgénicos y ni un trigal
El trío de transgénicos que se puede comercializar y producir en Uruguay son los llamados soja RR, el maíz Mon 810 y el maíz Bt 11.
La soja RR es una variedad modificada genéticamente con el propósito de hacerla resistente al herbicida glifosato. Es producida por la transnacional de origen estadounidense Monsanto, la mayor productora de semillas transgénicas del mundo, y fue introducida oficialmente a Uruguay en 1999.
De acuerdo al Anuario Estadístico Agropecuario 2005 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el año agrícola 2004-2005 se sembraron en Uruguay 278.000 hectáreas con soja y casi el 100% es transgénica.
El maíz Mon 810 tiene una modificación genética que lo torna resistente a los ataques de insectos plaga. Ese transgénico también es producido por Monsanto y fue permitido en Uruguay en 2003.
Por su parte, el Bt 11 es resistente también a algunos insectos plaga, está permitido en nuestro país desde 2004 y la empresa que lo produce es la suiza Syngenta, otra de las grandes transnacionales de los transgénicos.
Según el Anuario Estadístico Agropecuario 2005, se sembraron 60.600 hectáreas de maíz en Uruguay durante el año agrícola 2004-2005.
El coordinador del proyecto “Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad”, Marcos Frommel, informó a la diaria que poco más del 30% de esa superficie está plantada con los maíces Mon 810 y Bt 11.
Fuentes del MGAP señalaron que el porcentaje plantado con esas variedades transgénicas iría del 50 al 65% del total del área sembrada con maíz.
Por otra parte, también hay en Uruguay una variedad de trébol blanco transgénico, pero que solo es usada para una investigación y su siembra no está permitida. El estudio está a cargo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y lo realiza desde el año pasado en su estación experimental “La Estanzuela”, en Colonia.
El coordinador de la Unidad de Biotecnología del INIA, Fabián Capdevielle, señaló a la diaria que la investigación analiza “45 o 50 plantas de trébol blanco que están bajo una estructura protegida, como en invernadero”.
Capdevielle explicó que esas plantas “tienen una modificación genética para retrasar el envejecimiento de su follaje, para que las hojas duren más tiempo y así la planta produzca mayor cantidad de semillas”.
La variante genética fue desarrollada por un instituto de investigación de Australia, con el cual el INIA se comprometió a estudiar “el efecto fisiológico” de la transformación.
Publicado en el Suplemento de Medio Ambiente Nº 4 de La Diaria
