REDES – Amigos de la Tierra Uruguay presentó el miércoles 18 de diciembre un recurso de revocación a la Resolución de Autorización Ambiental Previa otorgada por el Ministerio de Ambiente (MA) al proyecto de potabilización de agua Neptuno-Arazatí, y solicitó expresamente la suspensión del acto.
A inicios de este mes el MA otorgó la Autorización Ambiental Previa a las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo– para llevar adelante el proyecto Neptuno-Arazatí. La resolución ministerial establece 20 compromisos que las compañías deberán respetar.
El recurso de REDES-AT señala en este sentido que “la propia resolución adoptada demuestra la inadecuación del Estudio de Impacto Ambiental” presentado por el consorcio. Según la organización ambientalista, cada una de las condicionantes establecidas por el MA aluden a aspectos que podrían “generar un impacto grave y relevante en el medio ambiente”, y entonces deberían haber sido resueltas antes de otorgar la autorización.
De hecho, para REDES-AT la Autorización Ambiental Previa se otorga con una serie de problemas y contradicciones graves entre los informes de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, del MA, y la resolución del propio Ministerio.
El escrito alega además que la referencia del MA a medidas de prevención y mitigación ambientales “factibles de ser implementadas” genera incertidumbre sobre su realización: las medidas podrían implementarse, dependiendo de condiciones no explicitadas. “En cumplimiento del principio precautorio, cardinal en derecho ambiental, la implementación de las medidas de prevención y mitigación debe ser preceptiva, y no quedar sujetas a factibilidad”, alega el recurso.
Se agrega también una especie de confusión en los términos utilizados en la autorización ambiental del MA, al hablar de la factible implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación. “La prevención y la mitigación efectivamente pueden considerarse como medidas de protección ambiental, pero la compensación es una medida que, como bien se interpreta, busca compensar un daño ya realizado”. La compensación opera como un legitimador del daño ambiental.
REDES-AT, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y diversas organizaciones sociales que defienden el derecho humano al agua han advertido largamente que el proyecto Neptuno implica graves riesgos ambientales, no produciría agua potable por los episodios de salinidad y cianobacterias en el Río de la Plata, y viola la Constitución nacional y leyes y tratados internacionales. Estas advertencias han sido respaldadas por buena parte de la academia y el sector científico del país.
En septiembre de este año REDES-AT presentó más de 200 interrogantes al Informe Ambiental Resumen difundido por el consorcio Aguas de Montevideo. En tanto, el 3 de octubre la organización participó en la audiencia pública realizada en la localidad de Rafael Peraza, departamento de San José, y planteó importantes objeciones al proyecto Neptuno-Arazatí.
Tanto en la audiencia pública como en la resolución ministerial de Autorización Ambiental Previa de los primeros días de este mes, prácticamente no se consideraron ni respondieron las más de 250 observaciones que totalizan las realizadas al Informe Ambiental Resumen, al Estudio de Impacto Ambiental y al Informe de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL). Los tres informes tienen, básicamente, las mismas graves carencias en pro de la negación y minimización de los impactos del proyecto.
El escrito presentado por REDES-AT explica entonces que no surge de la Resolución de Autorización Ambiental Previa otorgada por el MA a Neptuno-Arazatí que se haya tenido en cuenta la oposición expresa de la sociedad civil al emprendimiento, ni las razones expresadas por la Academia ni las observaciones de REDES-AT.
Esa Resolución “implica un actuar ilegítimo y contrario a Derecho del MINISTERIO DE AMBIENTE, ya que no ha cumplido con la consulta efectiva a los interesados, violando normas de rango legal y constitucional”, advierte REDES-AT. Esto “constituye una violación flagrante a derechos constitucionales e internacionalmente protegidos”.
En el marco de la transición de gobierno, OSE no debe firmar el contrato del proyecto Neptuno-Arazatí, para analizar a fondo la evidencia científica presentada por académicas/os y los cuestionamientos socio ambientales y jurídicos de las organizaciones sociales, y abrir un espacio de participación plena y efectiva para buscar soluciones reales para el abastecimiento de agua potable.
Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
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