La celebración este jueves 22 de marzo del Día Mundial del Agua, impone un repaso somero de la situación de compromiso y realización del derecho al agua en Uruguay, entendido éste como un derecho humano fundamental. Si bien la Reforma Constitucional aprobada el 31 de octubre de 2004 marcó un hito en la defensa del agua en nuestro país y se convirtió en un referente para el movimiento mundial en defensa del agua, todavía quedan aspectos a transitar para una instrumentación efectiva de este derecho en nuestro país.
El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua, a partir de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara esa resolución, el 22 de diciembre de 1993. Para las organizaciones uruguayas que trabajamos para que el derecho a acceder a un agua limpia sea concebido como un derecho humano fundamental y efectivizado a partir de medidas concretas, la aprobación -por un 64% de la ciudadanía-, de la reforma constitucional en octubre de 2004, ha sido un paso trascendental en la consecución del mismo y un momento emblemático incluso para el movimiento internacional del agua.A partir de ese momento el mes de Octubre se ha adoptado como un mes de acción a nivel internacional para cuestionar el control corporativo del agua y para proteger este bien como un recurso natural compartido y un derecho disponible para todos. Pero a pesar de este hito, las disposiciones expresadas en el texto de la reforma aún no se han cumplido cabalmente, y en varios casos han sido incluso incumplidas.
Reforma y después…
Este es el caso de la compra, por parte del Estado uruguayo, de la participación accionaria del grupo Suez en la empresa Aguas de la Costa, que opera en el departamento de Maldonado desde 1993. Esta compra se concretó el 8 de setiembre de 2006 mediante una asociación público-privada, modalidad que contradice lo establecido en la reforma constitucional, según la cual será el Estado «exclusiva y directamente» quien deba prestar el servicio de agua potable y saneamiento. Por otra parte, aún resta por instrumentarse el aspecto referido a la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de gestión, planificación y control del recurso.
Existen otros elementos que ponen en jaque la realización cabal del derecho humano al agua en Uruguay. Entre ellos, la profundización de un modelo de producción basado en el monocultivo forestal.
Orientaciones productivas contra un derecho fundamental
La situación de los productores rurales ubicados en las cercanías de las plantaciones de monocultivos forestales es este sentido ilustrativa. Las plantaciones disminuyen la cantidad de agua de infiltración y escorrentía superficial con consecuencias comprobadas por ejemplo: en los alrededores de la Ciudad de Mercedes, a mediados de 2006, 146 chacreros no tiene agua en sus predios, un camión cisterna de la Intendencia llena los tanques en las porteras con agua, destinada para el consumo de las familias y la producción.
Como denunció REDES-Amigos de la Tierra en el Informe Anual de Derechos Humanos (Serpaj, 2006), esta situación supone una regresividad con respecto a la obligación del Estado de preservar este recurso, ya que, según el texto de la reforma constitucional de octubre de 2004, el agua debe estar prioritariamente destinada al consumo humano.
El monocultivo forestal necesita, además, del uso de mayor cantidad de agrotóxicos los que también contaminan las corrientes hídricas. La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), denunció esta situación con respecto a la producción de cultivos transgénicos. En una hectárea de soja transgénica se aplican 20 litros de glifosato, cifra que debe multiplicarse por las casi 400.000 hectáreas que se sembraron en la zafra 2006-2007. «A esto se le deben agregar otros herbicidas como el 2,4D -que fue utilizando durante la guerra de Vietnam- así como funguicidas e insecticidas altamente tóxicos prohibidos en muchos países del mundo pero que igual son utilizados en nuestro país».
Otras orientaciones productivas y de mercado ponen en peligro el derecho al agua; entre ellas el «mercado de agua embotellada», que crece exponencialmente año tras año. La expansión del negocio exige a las grandes corporaciones del sector tener cada vez mayor acceso al líquido, lo cual implica la privatización de cursos de agua y acuíferos. También son sensibles a sus efectos sobre la protección de este derecho las negociaciones de acuerdos bilaterales de protección de inversiones y de Libre Comercio, que hoy están en la agenda del gobierno. Las corporaciones privatizadoras pueden ampararse en tales acuerdos para ir contra disposiciones los Estados nacionales, incluso contra la Constitución y recurrir ante Tribunales de Arbitraje supranacionales, poniendo en peligro así aquellos derechos amparados por la legislación vigente.
Actividades e información en el Día Mundial del Agua
Sumándose a la celebración del Día Mundial del Agua, el portal de los pequeños Amigos de la Tierra pondrá a disposición material en referencia a la situación del agua a nivel mundial. Entre ellos el artículo «Robar Agua para Crear Sed. Coca-Cola, Pepsi y la Política de la Seguridad Alimentaria», de Vandana Shiva.
Extendiendo la celebración, del 22 al 24 de marzo, se realizará un ciclo de actividades del que participa la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable -que REDES-Amigos de la Tierra integra-, con exposiciones, charlas, juegos, música… en relación al agua en el Museo Gurvich, el Cabildo de Montevideo y la Plaza Matriz. Todas las actividades son con entrada libre.
Por más información sobre la situación del agua en el mundo y lo realizado en Uruguay a favor de este recurso, se puede visitar la página de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).
