REDES-Amigos de la Tierra Uruguay y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida suscribieron, junto a 165 organizaciones de 45 países, un documento dirigido a la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este se exhorta que se establezca un cuerpo administrativo a realizar de manera efectiva el Derecho Humano al Agua; que se obligue a las entidades públicas y privadas a someterse a mecanismos de reparación y compensación en caso de incumplimiento de tal derecho; y que se designe un Relator Especial sobre el Agua para promover la implementación de este derecho en el mundo. Organizaciones de todo el mundo dirigieron el 15 de abril de 2007, un documento a Louise Arbour, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento, elaborado por el Proyecto Planeta Azul del Consejo de Canadienses, busca que Naciones Unidas ponga en marcha una serie de herramientas que hagan efectivo el Derecho Humano al Agua en todo el mundo.
En el documento presentado por las organizaciones se celebra la consideración por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas -en noviembre de 2002-, del agua como un elemento indispensable para la dignidad humana y un «prerrequisito para la realización de otros derechos humanos» como un paso necesario a favor de la materialización del Derecho Humano al Agua. Sin embargo, se apunta, esto no es suficiente para resolver la necesidad de un nuevo instrumento vinculante que siente las bases hacia la implementación y realización total de este derecho.
El Derecho Humano al Agua está reconocido en tratados internacionales, declaraciones y leyes ordinarias que obligan a todos los gobiernos. No obstante, el trato que muchos de éstos instrumentos dan a este derecho consagrado, ha permitido que muchas naciones nieguen su existencia en la práctica y que actores no estatales (corporaciones trasnacionales e instituciones financieras internacionales) hagan un manejo del recurso con fines mercantiles. La mitad de la población mundial contrae enfermedades fatales o vive de una manera indigna por no poder acceder a un agua limpia.
En este documento, firmado por organizaciones sociales de todo el mundo, se afirma la responsabilidad en este sentido de todas las entidades, publicas y privadas. Asimismo se pide que tales entidades se sometan a mecanismos de reparación y compensación de todos aquellos que sean perjudicados.
Se solicita además, al Consejo de los Derechos Humanos, la designación de un Relator Especial sobre el agua que promueva con rapidez la adopción de directrices sólidas que deberán seguir los estados en la implementación de este derecho. Todas estas directrices serán importantes para la implementación de una Convención Internacional del Derecho Humano al Agua.
Se apuesta a que una afirmación sólida y clara sobre el derecho humano al agua desde la Oficina del Alto Comisionado pueda aliviar la falta de atención de los estados y la comunidad internacional en relación a las políticas sobre agua y complementar el trabajo de muchas organizaciones y activistas de todo el mundo por una justicia en la materialización de este derecho.
El caso de Uruguay es destacado en la discusión internacional sobre el Derecho Humano al agua, por la reforma constitucional aprobada en el 2004, en la que se consagró este derecho, planteando que la gestión del agua debe ser exclusivamente pública y en base a criterios de sustentabilidad y participación social.
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Por más información:
Adriana Marquisio
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Carlos Santos
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