El Senado uruguayo aprobó el pasado 17 de abril un acuerdo marco con el Banco Nórdico de Inversiones (Nordic Investment Bank, NIB por su sigla en inglés) que en primera instancia viabilizará un préstamo de esa institución financiera internacional a la empresa finlandesa Botnia, para la construcción de su planta de celulosa en Fray Bentos. Este «acuerdo marco» incluye entre otras «ventajas financieras», diversas exoneraciones impositivas, inmunidad ante procedimientos judiciales y administrativos vigentes en el país, así como el establecimiento de «tribunales» externos a la jurisdicción nacional de Uruguay.El acuerdo de cooperación financiera firmado entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el NIB en agosto de 2006, tiene un alcance bastante más significativo que el apoyo económico puntual a la inversión en la planta de Botnia, como se pretende informar.
El arreglo entre las dos partes incluye exoneraciones impositivas al NIB y a los deudores del banco en el país, diversos beneficios en forma de «tratos favorables» para las entidades relacionadas financieramente con el banco, inmunidad a sus representantes contra procedimientos judiciales y administrativos, y el establecimiento de un tribunal ad hoc para la resolución de diferencias.
Algunas de estas cuestiones estipuladas en las cláusulas del acuerdo Uruguay-NIB son muy similares, sino iguales, a las establecidas en los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones firmados entre estados (como el que tiene vigente Uruguay con Finlandia o el recientemente aprobado con Estados Unidos). La cuestión central aquí es que no se trata de un acuerdo entre estados, sino con una institución multilateral de crédito, similar al Banco Interamericano de Desarrollo.
Además, la llegada del NIB a Uruguay significa la consolidación de un modelo de conducción política y económica que favorece la llegada del capital transnacional para la financiación de proyectos que amenazan el medio ambiente y la salud de la población.
El NIB destina fondos para proyectos públicos y privados dentro y fuera de los estados accionistas, que son Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia. La institución financiera internacional se dedica principalmente a otorgar préstamos para el desarrollo de infraestructuras, energía, telecomunicaciones, entre otras áreas.
Este Banco estuvo asociado al proyecto de construcción de una planta de celulosa de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso en Brasil y financió la represa Urrá I en el río Sinú, en el noroeste de Colombia; ambos proyectos fueron fuertemente resistidos por las comunidades locales directamente perjudicadas. A pesar de todo ello, el NIB se jacta de ser una institución «ambientalmente responsable», más allá de los efectos de los proyectos que financia.
Acuerdo Uruguay-NIB: más allá de Botnia
El acuerdo entre el gobierno de Vázquez y el NIB fue aprobado por unanimidad por los senadores de todos los partidos políticos y ya tenía el consentimiento de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
Uruguay reconoce al NIB como una institución financiera internacional y lo habilita a participar en la financiación de proyectos de inversión en el país. El banco gozará de inmediato de la más amplia capacidad que la legislación uruguaya confiere a las personas jurídicas, dijo el senador Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay-Frente Amplio, según el portal Montevideo.Com.
En tanto, el matutino El País agrega que el senador Isaac Alfie, del opositor Partido Colorado, se congratuló por el acuerdo porque «es producto del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia sin los votos del Frente Amplio». El convenio apoya además la cooperación económica entre Uruguay y los países accionistas del banco.
Pero hay algunos puntos del acuerdo que sobresalen especialmente por sus implicancias para el estado uruguayo. «Uruguay adoptará las medidas necesarias para asegurar que los intereses y demás pagos adeudados al NIB relativos a los préstamos y garantías concedidos en el marco del presente Acuerdo, estén exentos de toda clase de impuestos, tasas o gravámenes de cualquier naturaleza», dice el punto seis de este documento.
En tanto, el numeral ocho estipula que «las entidades presentes en Uruguay que cuenten con financiamientos o garantías del NIB o en las que el NIB tenga un interés de garantía, se beneficiarán de un trato no menos favorable que el brindado normalmente según la legislación vigente en Uruguay o todo acuerdo bilateral para la promoción y protección recíproca de inversiones en el que Uruguay sea parte».
De acuerdo a este punto, si una empresa alemana es financiada por el NIB recibirá un trato «no menos favorable» que el que tiene en el país una empresa finlandesa gracias al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Uruguay y Finlandia. O sea que algunos beneficios de este tipo de tratados serán extendidos a empresas de terceros países relacionadas financieramente con el NIB.
El Banco financiará primeramente la planta de Botnia en Fray Bentos. Sin embargo, ese parece ser solo el comienzo de un vínculo con el Estado uruguayo, que a juzgar por las cláusulas del acuerdo y por las características de la entidad bancaria, promete ser más profundo y peligroso. Vale la pena recordar que la empresa forestal-celulósica Stora-Enso ha anunciado la pretensión de instalarse en Uruguay y ya tiene antecedentes de proyectos financiados por este banco.
Resta saber quién pagará los costos económicos, sociales y medioambientales que beneficiarán a los clientes de esta institución financiera internacional en Uruguay.
